Las web de enlaces de películas, series y música son el gran objetivo del último proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que este viernes ha aprobado el Consejo de Ministros. Tras los cambios introducidos durante la época de Ángeles González-Sinde al frente de Cultura (y refrendados por el Gobierno del PP), ahora llega una nueva vuelta de tuerca.
Hasta ahora, la actuación del Ministerio se dirigía especialmente hacia las web que contenían los archivos (vamos, los sitios en los que estaban los servidores). El problema es que la mayoría está en Australia, muy lejos del alcance de nuestros jueces. Por eso, la idea es atacar directamente a los que enlazan esos archivos y se lucran con ello. No es que hasta ahora no se estuviera haciendo (se han cerrado hasta 16 web en estos años), pero el proceso era mucho más trabajoso y con menos posibilidades de éxito.
La reforma persigue "actuar frente a las web que tengan como principal actividad facilitar de manera específica y masiva la localización de contenidos ofrecidos ilícitamente de forma notoria". Para conseguirlo, el Gobierno prevé "mecanismos más eficaces" de persecución de los propietarios o administradores de estas páginas.
Para empezar, reducirá el proceso de identificación y notificación. Hasta ahora, era complicado saber quién estaba detrás de una web. Éste es un dato secreto que sólo un juez puede obligar a desvelar. Y como no había nadie (ni persona física ni jurídica) a la que demandar, no se podía abrir la vía civil contra estas páginas. Desde este momento, se habilita un paso previo. Si alguien quiere demandar a los administradores de una web, podrá requerir de un juez que le informe de quienes son los que están detrás de una dirección IP (siempre que esta página se dedique a las actividades no permitidas por la ley). Con esa información, podrá acudir a la vía civil.
Algo parecido ocurre con las notificaciones judiciales. Éste era un proceso particularmente largo. Con esta reforma bastará con enviar un mail a la dirección de correo con la que se ha abierto la web.
En Cultura creen que estos dos avances facilitarán enormemente la lucha contra la piratería. Aseguran que no irán contra los usuarios, sino contra los sitios de "enlaces cualificados". ¿Y qué es esto? Pues básicamente se refieren a las webs que agrupan y ordenan enlaces de series, películas y música y redireccionan a los usuarios a los servidores donde estos archivos se encuentran.
Estas páginas hacen un gran negocio, con anuncios y con el cobro de servicios premium. Y el Gobierno quiere aprovecharse de esta particularidad para atacarles. Así, la reforma prevé que las autoridades administrativas que abran un expediente a estas webs puedan requerir la ayuda de anunciantes e intermediarios de pago. Estas empresas estarán obligadas a desvelar los datos de las compañías que se esconden tras aquellas páginas.
Cualquier podría pensar que al igual que los servidores están en Australia (o donde sea), las páginas de enlaces comenzarán a alojarse en el extranjero. El Gobierno cree que no lo tendrán tan fácil. Al final, el negocio de estas web consiste en vender publicidad para internautas españolas, por lo que las personas que están al final de la cadena son nacionales y, por lo tanto, puden ser perseguidas por nuestros tribunales. Ahora bien, si esas personas emigran a países más permisivos, no parece sencillo que la larga mano de nuestra justicia caiga sobre ellos.
Otra cuestión polémica tiene que ver con la intervención administrativa o judicial en el proceso. En las primeras fases, no será necesaria la presencia de un juez. La autoridad administrativa podrá (a petición de un interesado o por propia iniciativa) solicitar a una web que retire los enlaces a contenidos que crea que tienen derechos de propiedad intelectual. Y, como hemos apuntado, podrá pedir la ayuda de anunciantes y servicios de pago de los que hablábamos antes.
En el caso de que la web persista, llegará el momento de las multas, de gasta 300.000 euros. Y sólo si incluso con multas continúa su actividad, se podrá pedir al juez de lo contencioso-administrativo que decrete el bloqueo técnico de la web. Numerosas asociaciones de usuarios han protestado por lo que consideran como un proceso con pocas garantías, algo que niega el Gobierno.