Los inmigrantes sin papeles que quieran recibir asistencia sanitaria pública tendrán que pagar "como mínimo" 711 euros al año si son menores de 65 años y 1.864 si superan esa edad. Además, la medida afecta también a los españoles que ganen más de 100.000 euros y no hayan cotizado nunca o a los extranjeros cuyo país no tenga convenio con España para pagar la asistencia que reciban aquí.
Así lo ha asegurado este miércoles el responsable de Sanidad del PP y consejero de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, tras finalizar el Consejo Interterritorial de Salud, en el que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas han acordado los requisitos básicos de esas pólizas. La titular de Sanidad, Ana Mato, de forma inusual no ha comparecido en rueda de prensa para informar de los acuerdos adoptados al término de la reunión.
Los convenios a los que este miércoles se ha dado luz verde no cubrirán la prestación farmacéutica, según ha asegurado Echániz, es decir, deberán pagar el 100% del precio del medicamento.
Los dos precios de ese seguro ya se conocían, pero lo que no se sabía es que se trata de una cantidad mínima. Es decir, cada comunidad autónoma podrá suscribir ese convenio con la persona en cuestión a partir de esa cifra y subirla en función de los parámetros que considere oportunos. Nunca rebajarla, aunque las comunidades socialistas han vuelto a subrayar que seguirán prestando todo tipo de atención sanitaria a los inmigrantes no regularizados.
Por otro lado, el Consejo Interterritorial de Salud ha acordado también la creación de la Red de Agencias de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, que será la encargada de evaluar la nueva cartera básica de servicios del SNS. Este organismo, según ha informado el Ministerio en una nota, será "una pieza clave" en la actualización permanente de la cartera de servicios para incluir los avances tecnológicos que hayan demostrado seguridad, eficacia y eficiencia.
La Red colaborará en la detección de tecnologías y prestaciones emergentes y en las que pudieran ser obsoletas, así como en la elaboración y actualización de guías de práctica clínica.
Cuentas "austeras"
Los responsables del Gobierno han presentado a los consejeros autonómicos los presupuestos del Ministerio para 2013, unas cuentas "austeras", pero "comprometidas con las personas y las políticas sociales", ha subrayado Farjas.
El Consejo ha designado seis vocales, en representación de las comunidades autónomas, en el Comité de Bioética, lo que ha sido criticado por la consejera de Salud andaluza, María Jesús Montero, quien ha calificado de "conservadora" y "acorde con la ideología del Gobierno" la nueva composición de este órgano.