Los errores e imposiciones de la denominada industria cultural y sus connivencias con el poder establecido no han podido evitar que en España llevemos mucho tiempo debatiendo sobre la propiedad intelectual. Definirla, acotarla y encontrar un sistema justo y eficaz para proteger los derechos de los autores sin vulnerar otros derechos y libertades son tareas enormemente complicadas. Pero lo que más ha airado ese debate, convertido en afrenta, es que a la mayoría de los ciudadanos españoles se nos tacha de piratas, además, de tratar de imponernos el denostado canon digital.
Aún así, el 30 de octubre de 2014, el Congreso aprobó, con los votos del PP únicamente, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual elaborada, en gran parte, por el Gobierno del PSOE. Este paquete de medidas consiguió lo imposible: poner de acuerdo a las entidades de gestión de derechos de autor, a la Asociación de Internautas y a todos aquellos que se consideran "defensores de la cultura libre". Todos criticaron la reforma. Unos opinan que se queda corta o que no es efectiva; otros, que se pasa de rosca.
A pesar de ello, el Ministro de Cultura, José Ignacio Wert, llevó al BOE la reforma bajo el título de "Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual". Se trataba de la propuesta anterior de la Ministra socialista Ángeles González Sinde, que Wert justificó como un "remedio puntual". Se elaboraría una segunda reforma más profunda en el plazo de un año. Ahora nos encontramos con que todo aquello fue humo de colores.
La Audiencia Nacional bloquea 7 webs
Pero lo sorprendente de este asunto ha sido el reciente comunicado del Ministerio de Cultura en funciones que ha difundido los resultados que esta denostada reforma ha supuesto: "...en piratería destaca un total de 463 solicitudes presentadas, de las cuales se han resuelto expresamente 441 (95,25% de las solicitudes presentadas), dentro de las cuales, de las 275 web afectadas o requeridas -entre ellas 82 web de enlaces-, 265 han retirado hasta el momento los contenidos identificados por la CPI que ofrecían ilícitamente, y entre ellas 43 han cesado por completo en su actividad..."
Es significativo reseñar que, de todas estas actuaciones, la Audiencia Nacional tan solo ha autorizado el bloqueo de un total de siete páginas web con contenido ilícito por haber vulnerado derechos de autor desde el año 2012, cuando comenzó su actividad la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, y hasta el 15 de mayo de este año.
Parece que, tras la lectura de estos resultados, la piratería en España se ha atajado. Pero no debe ser así porque la Coalición de Creadores recientemente difundió unos resultados estratosféricos y que ponen en cuestión las actuaciones del Ministerio al asegurar que en España "durante 2015 se accedió ilegalmente a 4.307 millones de contenidos digitales, con un valor de mercado de 24.058 millones de euros. El valor total del lucro cesante por la piratería fue de 1.669 millones de euros, según el desglose que muestra la imagen, al que hay que añadir 186 millones de series de televisó y 174 de fútbol.Los accesos ilegales se repartieron del siguiente modo según contenido: música (20%), películas (37%), videojuegos (14%), libros (15%), series (30%), y fútbol (11%)".
Los españoles, piratas contumaces
Así las cosas parece que el problema no se ha solucionado porque el Ministerio ha hecho una criba dudosamente garantista con el Estado de Derecho que avala que sobre derechos fundamentales tiene que dirimir un juez y, por el contrario, están los datos de la industria cultural que prácticamente nos acusa a una gran mayoría de españoles de piratas contumaces. No coinciden.
¿En qué quedamos entonces? Parece que el supuesto problema de la piratería de contenidos en Internet es una cuestión resuelta o en vías de resolver de forma autoritaria por el Ministerio y la industria cultural que sigue atosigando y criminalizando a los inetrnautas para, supongo, influir a favor de un nuevo canon digital y obtener el control absoluto sobre la difusión de los contenidos en Internet, incluso los que no se acojan al Copyright y que se hayan adherido al Creative Commons.
Es evidente que la batalla no ha terminado y que los que alimentan el concepto de piratería en Internet no es más que un supuesto para que determinados poderes económicos obtengan un control sin restricciones sobre los contenidos en la red. Lo que necesitamos nosotros es tener un Gobierno que nos defienda de esta pesadilla y que ponga en su sitio a aquellos que todavía nos llaman piratas.