El 13 de noviembre de 1936, el BOE publicó un decreto datado el día anterior en el que se aprobaba el acuerdo del Banco de España (instituido en Burgos por los consejeros evadidos de la zona izquierdista) por el que no aceptaba la validez de los billetes puestos en circulación a partir del 18 de julio. Para disponer de moneda fraccionaria, las autoridades del naciente Estado optaron por varios métodos: autorizar la emisión de billetes de denominación inferior a 25 pesetas (el monopolio de emisión concedido al Banco de España se aplicaba a partir de esa cantidad mínima), estampillar los billetes viejos y emitir nuevos billetes.
Hasta que en la posguerra el régimen franquista establece la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el Banco de España confiaba la impresión de billetes a empresas extranjeras. Las empresas a las que el Banco de España, entonces privado, había confiado la emisión de billetes eran británicas, en especial Bradbury Wilkinson and Company. Por ello el Banco de España de Burgos recurrió a las empresas Coen e Cartevalori, de Milán, y a Giesecke und Devrient, de Lepizig.
La imprenta italiana tenía el defecto de que, aunque confeccionaba numerosos documentos mercantiles y oficiales (timbres fiscales, sellos, acciones, cheques, títulos de deuda pública y privada…), jamás había impreso billetes bancarios, y carecía de los procedimientos de seguridad adecuados.
Billetes sin control
En octubre de 1938, aparecieron un billete de 25 pesetas en la sucursal del Banco de España en Bilbao y otro de 1.000 pesetas en la oficina del Puente Internacional de Irún; ambos billetes provenían de Francia, estaban impresos por los italianos y, como cuenta en sus memoras José Larraz, que entonces era director general de Banca, Moneda y Cambio en la Junta Técnica,
¡Eran, por su numeración, duplicados de los que obraban en las cajas del Banco!
Según la empresa italiana, "se trataba de billetes defectuosos no inutilizados", por lo que la pregunta siguiente para las autoridades del Gobierno franquista era "¿Cómo funcionaba, pues, el control del Banco en la fábrica? Yo me alarmé". Se anularon los billetes fabricados en Italia y se resolvió el contrato con la casa Coen, lo que dio origen a largos pleitos.
Por fortuna, existía el otro proveedor, cuyo control "funcionó continuamente bajo la dirección de un funcionario del Banco, el Sr. Erviti".
En el primer Gobierno de la posguerra (mayo de 1939), Franco nombró a Larraz ministro de Hacienda, cargo en el que se mantuvo hasta el 19 de mayo de 1941 y en el que chocó con el Jefe del Estado y con otros ministros debido a la oposición de éstos a su política económica de base liberal (captación de inversiones extranjeras, fomento del ahorro particular en mutuas y fondos de inversión y rechazo a fomentar la recuperación mediante obras públicas y subsidios individuales y colectivos).
Una de las preocupaciones del nuevo ministro que se llevó de su puesto anterior fue el destino de las planchas de billetes que usaba la empresa alemana.
Larraz reconoce que "había que estar de continuo sobre el Banco". El 18 de enero de 1940 le dijo al gobernador del Banco de España, ya reunificado, Antonio Goicoechea, que se trajesen las planchas. La alternativa que se le ofreció fue la destrucción de éstas, lo que tardó unas semanas.
Se me sugirió la destrucción de las planchas en Alemania, y acepté a condición de que fuera presenciada por el Sr. Erviti y por el cónsul de España, que levantaría acta. En comunicación del 17 de febrero del mismo año, volví a dirigirme al gobernador, preguntándole su se habían destruido las planchas. El 19 del mismo mes y año el Banco me comunicó haber quedado "terminada la destrucción de todas las planchas", levantándose la consiguiente acta.
Dispuesto a expatriarse
Tantas precauciones no eran baladíes. A Niceto Alcalá Zamora, cuando era presidente del Gobierno Provisional, le falsificaron la firma para ponerla en un decreto. El 17 de enero de 1942 Larraz recibió una carta del administrador de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en la que le pedía una muestra de su firma completa para estamparla en los títulos de la Deuda de Guerra de España a Italia, según el Convenio de 8 de mayo de 1940, pero cuya ley de ratificación ni siquiera había sido propuesta en el Consejo de Ministros por Ramón Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores.
Cualquiera que fuese la fecha en que tal Deuda comenzare a tener efecto, la fecha de su emisión no podía ser anterior a mi salida, sino posterior. ¿A qué, pues, mi firma en los títulos? Además, los títulos de deuda nunca se estamparon con la firma del Ministro, sino con la del Interventor General y la del Director de la Deuda, o del tesoro según los casos. ¿A qué, pues, mi firma? Había voluntad malévola, de alguien, en implicarme en un acto incorrecto.
Larraz estaba dispuesto a expatriarse si se consumaba la emisión con su firma. El ex ministro se quejó a su sucesor, Joaquín Benjumea, quien, tras unos días de enojoso silencio, le pidió disculpas y le reconoció que el asunto "me planteaba algunos problemas que no eran de mi exclusiva competencia". El 5 de febrero de 1942 el BOE publicó la ley sobre la regulación de la deuda de guerra con Italia, que tenía fecha de 30 de mayo de 1941. ¡Ocho meses después de su aprobación! ¿Simple casualidad?