Durante los primeros años del largo mandato del socialista Felipe González (1982-1996), al que la muchachada adoctrinada en la LOGSE y La Sexta le considera fascista, las relaciones con la dictadura castrista fueron excelentes. Mientras Madrid y el PSOE arremetían contra la dictadura del chileno Pinochet, los comunistas cubanos podían venir a España cuando quisieran, hacer negocios y turismo, a confraternizar con sus propagandistas y hasta secuestrar a algún disidente.
La impunidad con la que se movía la Dirección General de Inteligencia (DGI) cubana en la España de González y Guerra era tal que el 13 de diciembre de 1985 un grupo de matones trató de secuestrar en la acera del número 18 del Paseo de la Castellana, frente al Ministerio del Interior, a un cubano huido.
El jefe de la DGI en España era desde 1983 Eduardo Araoz Agero, con la cobertura diplomática de primer secretario de la embajada, del que se decía que mandaba más que el embajador, Óscar García Fernández. Los agentes y colaboradores, tanto ‘activos’ como ‘dormidos’, que controlaba se calculaban en unos 1.500 (ABC, 14-2-1988), colocados no sólo en los consulados, sino también en las empresas estatales cubanas. Ante el trato de guante blanco que recibían los cubanos de las autoridades españolas, los servicios de inteligencia de otros países del bloque socialista ‘subcontrataban’ a sus camaradas del Caribe todo tipo de operaciones en nuestro país.
Unos sicarios en un Peugeot-205
Durante un viaje oficial, el viceministro de Comercio Manuel Antonio Sánchez Pérez, de 50 años de edad, solicitó asilo político al Gobierno español el 18 de noviembre en una comisaría del barrio de Almagro (Chamberí), lo que provocó la alarma en el régimen cubano.
Según publicó el ABC (16-12-1985), el 9 de diciembre de 1985 Araoz regresó a Madrid de un rápido viaje a La Habana, en el que había recibido la orden dada por Manuel Piñeiro, jefe del espionaje y la subversión terrorista en América, de recuperar al ‘desertor’, o bien de matarlo, debido a sus conocimientos sobre la economías y las infraestructuras de la isla, ya que fue miembro durante 10 años de la Junta Central de Planificación, órgano rector de la economía cubana, y durante otros 10 años más del Comité de Abastecimiento y Material.
Aunque todos los agentes de la DGI, infiltrados algunos en el exilio cubano y otros en la Administración española, y sus colaboradores estaban en alerta, quizás Araoz habría fracasado de no haber sido por la imprudencia de Sánchez Pérez.
El viernes 13, el fugado dejó el piso franco en el que le protegían unos agentes del CESID español y se presentó solo en la sede del Banco Trasatlántico Comercial, en el Paseo de la Castellana número 18, para retirar varios millones de pesetas de una cuenta en la que tenía firma y en la que había ingresado las comisiones que había cobrado por contratos internacionales.
Araoz montó una operación de captura con la prepotencia de su experiencia de impunidad anterior. Envió a cuatro matones en un pequeño Peugot-205 con placa diplomática a la sede del banco, que esperaron a que Sánchez saliera. Cuando éste pisó la calle, pasadas las 10:30, le metieron mediante golpes y amenazas en el coche, pero no pudieron moverse, y no gracias a la custodia del cercano Ministerio del Interior, sino a la oposición de los ciudadanos que asistieron la agresión.
En torno a medio centenar de personas se arremolinó alrededor de los cubanos gritándoles. Un taxi impedía al Peugeot-205 moverse. Y además aparecieron un guardia de seguridad del Instituto de Comercio Exterior, quien, al ver que al menos dos de los cubanos tenían armas, preparó la suya, y también una patrulla policial avisada por los vecinos. Entonces, el secuestro se vino abajo.
Sánchez salvó la vida, pues el plan era trasladarle a Cuba para fusilarle después de un juicio-farsa, como el que sufrió el general Arnaldo Ochoa en 1989. La policía le sacó del coche y le devolvió a sus protectores, a la vez que detuvo a los sicarios cubanos. En ABC (16-12-1985) se aseguró que los paseantes que más se enfrentaron a los cubanos fueron agentes españoles, que seguían al viceministro.
El 14 de diciembre, el Gobierno socialista expulsó a los cuatro sicarios castristas detenidos: Ángel Alberto León Cervantes, vicecónsul de Cuba, que llevaba una pistola del calibre 9 milímetros corto; Abelardo López Hernández, administrativo, también armado, con una pistola del calibre 38; Ramón Burroto Chávez, administrativo; y Ventura Ventura Torrientes, profesor auxiliar de la embajada.
Manuel Antonio Sánchez falleció años después en Barcelona, debido a un atropello por una motocicleta.
Matar a Armando Valladares
Fernando Rueda, periodista especializado en servicios de inteligencia, asegura (La Casa) que el poeta Armando Valladares sufrió varios intentos de asesinato en España, el último de los cuales se realizó en 1989 por medio de un muchacho que se hizo pasar por evadido de la isla y contactó con sus compatriotas en nuestro país.
La gota que colmó la honda paciencia de González cayó en el verano de 1990, cuando docena y media de cubanos entraron en la embajada de España en La Habana y la policía política castrista echó mano a uno de ellos dentro del recinto del edificio. Una consecuencia fue la suspensión de algún apartado de la cooperación española con la dictadura y otra, según Rueda, diversas medidas contra los espías castristas en España, como la sugerencia al embajador de que retirase al sucesor de Araoz antes de que se dictase orden de expulsión.
Rueda añade que, como protección para España, el CESID elaboró un informe sobre la fortuna y la implicación en el narcotráfico de los Castro. ¿Dónde estará ese informe, si existe? ¿No podríamos conocerlo los españoles, ya que se pagó con nuestro dinero?