Que las elecciones a Cortes de 1936 no fueron limpias era un secreto a voces, gritado en sus memorias por el tonto de Niceto Alcalá-Zamora (en ellas, cuenta que votó a candidatos del Frente Popular en Madrid y que le dijo a su presidente de Gobierno, Manuel Portela, que ayudara en algunas provincias a las izquierdas a sacar unos escaños), por el cínico Manuel Azaña, por el legalista José María Gil-Robles y por muchos otros testigos de la época.
Sin embargo, a lo largo de décadas casi nadie indagó en esa suciedad, salvo Javier Tusell (1971), al que Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa le reprochan que se basase en documentación ya adulterada para obtener sus conclusiones. Ni el régimen franquista quiso investigar este fraude, de la misma manera que pasó de puntillas sobre la rendición del PNV a los italianos en Santoña, la brutal represión que los comunistas y Negrín efectuaron sobre los anarquistas y el POUM de Nin, y el golpe del coronel Casado.
¿A qué se pudo deber semejantes omisiones de acontecimientos que, a fin de cuentas, justificaban el alzamiento? Quizás a que los prebostes del régimen estaban convencidos de que sus principales fuentes de legitimidad eran la sorprendente victoria militar y el desarrollo económico posterior; y además detestaban tanto la democracia parlamentaria (por la experiencia republicana) que no querían siquiera aceptar que la derecha, encima dirigida por un personaje detestado, el democristiano Gil-Robles, había ganado esas elecciones. Quizás a un verdadero esfuerzo por lograr la reconciliación nacional sobre el olvido. O quizás al desprecio tradicional de la derecha española por las ideas y la cultura.
Para la izquierda (por ejemplo, Manuel Tuñón de Lara y Ángel Viñas), las elecciones de 1936 fueron ganadas limpiamente por el Frente Popular, a pesar de los enjuagues de Portela. Los tumultos que se produjeron de manera simultánea en muchas ciudades nada más comenzar el recuento no fueron más que muestras espontáneas de alegría por la victoria del Frente Popular. Para esta escuela, el peligro para la democracia (consulten la Wikipedia), por el contrario, se centra en las peticiones de Gil-Robles, José Calvo-Sotelo y el general Franco para que el Gobierno de Portela proclamase el estado de guerra ante la agitación callejera.
Motines "espontáneos" en media España
El libro 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular es impresionante por su minuciosidad. En lo que a mí me parece un acierto, Álvarez Tardío y Villa prescinden de las investigaciones posteriores a la guerra civil para reconstruir los meses que transcurren entre diciembre de 1935, cuando las maquinaciones del presidente Alcalá Zamora para negarse a proponer como presidente del Gobierno a Gil Robles, jefe del partido más votado (CEDA) en 1933, concluyen en la disolución de las Cortes, y la primavera de 1936, con una mayoría absoluta parlamentaria del Frente Popular. Los historiadores recurren a lo que Viñas denomina EPRE (Evidencia Primaria Relevante de Época): el Diario de Sesiones de las Cortes, los boletines oficiales provinciales, la documentación electoral, la prensa…
Después de leerles, no se puede admitir la espontaneidad de los sucesos inmediatamente posteriores al cierre de las urnas, ni los sucedidos en los días siguientes, cuando prosiguieron las votaciones, se realizó la segunda vuelta y se aprobaron las actas electorales.
Las revueltas y los motines consiguieron que Portela dimitiera el 19 de febrero y Alcalá-Zamora nombrase como presidente a Azaña, lo que supuso poner a la zorra a cuidar el gallinero. ¡Y antes de que los españoles conociesen los resultados electorales!
Sólo entre la tarde del 19 y el 20 completo, es decir, antes de la segunda vuelta, los autores cuentan al menos 16 muertos y 39 heridos graves. En las semanas previas, entre el 1 de enero y el 16 de febrero, los muertos por violencia política ascendieron a 41.
Las salas de las Audiencias Provinciales de las provincias más disputadas, donde las Juntas del Censo examinaban y aprobaban las actas que luego remitían a las Cortes, las tomaron alborotadores de las izquierdas, que contaban con el respaldo de los diputados y jerarcas del PSOE y los demás partidos, también presentes.
Pero el Frente Popular no se detuvo en la manipulación de las elecciones. Como escribe Stanley Payne en su biografía de Alcalá-Zamora, "la revolución es un proceso, no un acontecimiento". Los miembros del heterogéneo Frente Popular coincidían en la conquista del poder absoluto. Las etapas se fueron cumpliendo una tras otra de manera, sin respiro alguno.
La Comisión de Actas de Prieto
Después de la amnistía para los implicados en la Revolución de Octubre (más de 1.400 muertos) y la manipulación de la segunda vuelta, en marzo se constituyó en las Cortes la Comisión de Actas. La República había suprimido en 1931 la competencia del Tribunal Supremo para enjuiciar las elecciones impugnadas.
Bajo la presidencia de Indalecio Prieto (al que muchos derechistas y herederos de los falangistas se empeñan en considerar como "el socialista bueno", olvidando que participó en el contrabando de armas para la Revolución del 34, es decir, para matar españoles), y con la colaboración del PNV, convertido en compañero de viaje de la izquierda pese a su clericalismo y su capitalismo, el Frente Popular alteró la asignación de 32 actas más, que en su mayoría pasaron de las derechas a la izquierda. Había dos objetivos: expulsar de las Cortes a los jefes de las derechas (José María Gil Robles, José Calvo Sotelo, Antonio Goicoechea…) y reforzar la mayoría del Frente Popular.
Durante marzo, la izquierda siguió envenenando el ambiente. Así juzgó el diario El Socialista (20-3-1936) las elecciones:
"Rigurosamente examinada la cuestión, ni un solo diputado de derechas puede afirmar que alcanzó limpiamente su acta"
Como argumento contra las victorias de las derechas, el diputado comunista Cartón adujo, a falta de pruebas documentales, su "convicción moral" de que las protestas populares contra Cano de Rueda, diputado por Segovia del partido agrario, eran ciertas. Y añadió que las Cortes debían aplicar "la ley con un sentido menos de latín y más de ruso".
Para conseguir la nulidad de las elecciones en Granada, ganadas por la lista contrarrevolucionaria por amplia diferencia (el candidato menos votado de ésta superó en 45.000 papeletas al primero de la lista del Frente Popular), la UGT y la CNT convocaron una huelga general en la ciudad, en la que se quemaron más de una veintena de edificios. El Gobierno de Azaña no hizo intervenir a la Guardia Asalto.
Eliminación de la oposición
El 14 de marzo también fue encarcelado el único político que se oponía a la izquierda en las calles, José Antonio Primo de Rivera, que al no haber sido elegido carecía de inmunidad parlamentaria. Luego el Gobierno fabricó acusaciones y pruebas para mantenerlo encarcelado, como la posesión de armas, era ridícula, cuando, desde enero, los tiroteos y las violencias eran casi diarios. El Gobierno también suspendió la actividad de la Falange y pidió su ilegalización, aunque el Tribunal Supremo (8 de junio) sentenció que ésta era un partido legal.
Abril comenzó con la constitución de las Cortes, una vez amasada la mayoría del Frente Popular. El paso siguiente fue la destitución del presidente de la República. Semejante medida, aparte de vulnerar la Constitución, suponía deslegitimar la disolución ordenada en enero de 1936 y que había dado el poder al Frente Popular. El argumento de la izquierda fue que Alcalá Zamora debió disolver las Cortes mucho antes.
En la calle, los sicarios de la UGT y la CNT impedían que trabajasen los obreros no afiliados a sus sindicatos y, además, se tiroteaban entre ellos.
A comienzos de mayo, un colegio de compromisarios eligió en su lugar a su enemigo Manuel Azaña, que poco antes había dicho que era mejor que Alcalá Zamora acabase su mandato para mostrar que en España se cumplían los plazos legales.
Repetición de elecciones en Cuenca y Granada
También en mayo se celebraron las elecciones en Cuenca y Granada, donde habían ganado las candidaturas de derecha, pero las Cortes del Frente Popular ordenaron la repetición. La situación se había degradado de tal manera que para las nuevas elecciones la derecha burguesa (CEDA, agrarios, republicanos de Melquiades Álvarez, monárquicos de Calvo Sotelo y Maeztu…) y la Falange, que no habían sido capaces de formar listas conjuntas, en esta ocasión las pactaron. El Gobierno de Azaña vetó que en la candidatura de Cuenca fuese Primo de Rivera.
El ministro de la Gobernación, Amos Salvador Carreras, del partido de Azaña, permitió no sólo que los gobernadores civiles impidiesen a las derechas hacer campaña, sino que dejó que los matones del Frente Popular campasen a sus anchas en bandas de la porra.
El terror hizo que en Granada la candidatura conjunta de las derechas y Falange se retirase, con lo que el Frente Popular ganó los 13 diputados asignados a la provincia. En Cuenca, donde las derechas habían obtenido en la primera vuelta en febrero los seis diputados en juego, el FP robó cuatro escaños.
En total, Álvarez Tardío y Villa García calculan que el Frente Popular se apoderó de manera fraudulenta de una cincuentena de escaños: más del 10% de los 473 del total.