La juez Mercedes Alaya, titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, ha dictado auto de procesamiento contra Manuel Ruiz de Lopera, exmáximo accionista del Real Betis, pero con la acciones gestionadas por un administrador judicial, y para otras siete personas.
Según el auto, se procesa también al ex consejero delegado Luis Oliver, que compró las acciones a Lopera, y a Mercedes Ferraro, Guillermo Molina, Ana María Ruiz, María Teresa González, Francisco Javier Paez y Ángel Guillermo Martín.
A Lopera le exige una fianza de 33 millones (anteriormente fueron 25 millones) y le acusa de llevar a cabo un "plan preconcebido" desde que fue vicepresidente económico del club, que diseñó "en perjuicio de la sociedad y en su propio beneficio".
Alaya señala que parece que es el Betis el que garantizaría la supervivencia de Tegasa (empresa de Lopera) y que se falsearon las cuentas de la compañía para falsear los beneficios reales que obtenía del club y ocultar así a los accionistas el resultado del contrato. Ha cuantificado el "beneficio final y el correlativo perjuicio para el Real Betis" en esas catorce temporadas en "la imponente suma" de 24,91 millones de euros.
Ruiz de Lopera está imputado por delito societario en el que, según los peritos judiciales, causó al club en las temporadas 1999 al 2008 un perjuicio económico de 17 millones de euros y entre los años 1993 y 1998 de otros 12,4 millones de euros.
El auto de la juez cita a todos los procesados para el próximo 28 de mayo para su notificación, aunque contra el procesamiento cabe recurso de reforma en un plazo de tres días y de cinco en el caso de la apelación.
Luis Oliver, "cooperador necesario"
Sobre Oliver se indica que se habría incorporado al "proyecto criminal" iniciado por Lopera como "cooperador necesario" al comprar las acciones "a sabiendas del carácter litigioso de las mimas" para intentar conseguir "hacer ineficaz cualquier pronunciamiento judicial sobre ellas".
Las fianzas para el resto de procesados son un millón de euros para Ferraro, González y Ruiz; 1,6 millones para Paez; y 2,6 millones para Molina y Martín; mientras que para Oliver es de 431.280 euros.
El pasado 3 de mayo Ruiz de Lopera pidió a la jueza Mercedes Alaya que le devolviera el control de sus acciones mayoritarias en el Real Betis como una forma de frenar el "caos" y el "récord de registros negativos" en que está sumido el club.
El abogado de Lopera, en un escrito al que tuvo acceso Efe, argumentaba que era de "urgente necesidad" la normalización jurídica del Betis para "evitar el progresivo agravamiento de su deterioro institucional provocado por las actuales medidas cautelares", vigentes desde que en julio del 2010 la juez de instrucción 6 de Sevilla le retiró el control de sus acciones.
El escrito reiteraba su petición, expresada por última vez en octubre del 2013, de archivar las actuaciones penales porque "no hay indicios de la comisión de delito alguno".