Los problemas no dejan de acumularse en el FC Barcelona. A pesar de su situación deportiva, en el plano institucional el conjunto azulgrana se ha enfrentado a numerosos sucesos que han erosionado considerablemente la imagen del club. El último de ellos tiene que ver con el castigo de la FIFA, que le ha prohibido realizar traspasos hasta junio de 2015 por lo que considera "una violación de varias disposiciones al traspaso y la inscripción de menores de nacionalidad extranjera".
No es la primera vez que el Barça se enfrenta a acusaciones en el trato con los futbolistas menores de edad. En el año 2004, River Plate denunció públicamente los contactos con Eric Lamela, que por aquel entonces tenía 12 años y era una de las grandes promesas del fútbol argentino. Su presidente, José María Aguilar, aseguró entonces que despreciaba "cualquier forma de piratería". La fórmula era similar a la llevada acabo con Leo Messi. El jugador llegaría a España junto a sus padres y el club les conseguiría un trabajo para facilitar la obtención del visado español.
Precisamente, la renovación de Messi en el año 2009 también levantó revuelo. El club anunció la ampliación de su contrato hasta 2016 con una clausula de rescisión de 250 millones de euros. El sindicato de futbolistas, FIFPro, remitió un escrito a la FIFA y la Comisión Europea denunciando la renovación por exceder el tiempo convenido por los reglamentos de la FIFA.
Joan Laporta se agarró a la excepción que acepta una duración mayor del contrato laboral, siempre y cuando la legsilación laboral estatal lo permitiese y el tema quedó zanjado.
Moción de censura a Laporta
La junta de Laporta se tambaleó con la moción de censura presentada por un grupo de socios, liderado por el abogado Oriol Giralt, que se basaron en el descrédito del entonces presidente para promover la salida de toda su junta directiva. Los votos llegaron al 60% contra Laporta, que se salvó por la mínima, ya que los estatutos recogen que una moción de censura solo puede triunfar si supera el 66% de los votos.
Con el descrédito generalizado en torno a toda la gestión, los socios del Barça optaron por Sandro Rosell -antiguo vicepresidente de Laporta convertido en su gran enemigo- en las elecciones de 2010. La entrada de Rosell y la nueva junta supuso un terremoto en el club. El nuevo presidente ordenó una auditoría exhaustiva de las cuentas, a través de la célebre due dilligence y, en la Asamblea Extraordinaria del club en la que se aprobaron las cuentas, se decidió ejercer una acción de responsabilidad contra Laporta y la anterior directiva por las pérdidas del último ejercicio.
Dimisión de Rosell
En medio de las guerras internas suscitadas, la controversia creció cuando Rosell anunció el acuerdo con Qatar Foudation para patrocinar al equipo. Unicef que había sido al antiguo anunciante dejaba su lugar a Qatar por 165 millones de euros en cinco años, en una decisión que levantó numerosas críticas por el apoyo explícito a un país en el que los derechos humanos están más que discutidos. A ello, se unieron las protestas de los trabajadores del club, que denunciaron vivir "el peor ambiente laboral de los últimos doce años".
Tampoco tuvo Rosell el beneplácito de los jugadores y acabó enterrando su relación con Pep Guardiola, que hace dos temporadas decidió abandonar el club visiblemente enfrentado con el presidente. Además, la junta se ganó las críticas con la no renovación del francés Abidal. Después de superar su enfermedad y recuperarse para el fútbol, el club decidió no ampliar su contrato, algo que empeoró las relaciones del dirigente con el vestuario. De hecho, dos de los capitanes, Víctor Valdés y Carles Puyol ya han anunciado que no continuarán en el club y el equipo perderá a dos de sus grandes pilares.
La gota que ha colmado el vaso ha sido la denuncia de otro socio, Jordi Cases, contra Rosell por las irregularidades en el fichaje de Neymar,que finalmente se ha llevado por delante al propio presidente. Rosell presentó su dimisión el pasado 23 de enero después de que el juez Ruz admitiese a trámite la querella e imputase al propio club por un traspaso que se cifró en 57 millones de euros. El nuevo presidente, Josep María Bartomeu, admitió posteriormente que el precio de la operación era de 86,2 millones de euros y no los 57,1 declarados inicialmente y se desembolsaron 13,5 más "para saldar cualquier posible deuda tributaria derivada", con lo que el fichaje ya ha alcanzado los 99,7 millones y todavía está pendiente de la resolución judicial y una multa que podría subir el gasto hasta los 140 millones.