L D (Agencias) La querella fue presentada el pasado 26 de junio y recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 3, del que es titular Teresa Palacios. En ella se imputaba a Jesús y Miguel Ángel Gil cuatro delitos contra la Hacienda Pública, uno de administración desleal y falsedad contable, y otro de insolvencia fraudulenta. También son querellados en concepto de responsables civiles el club Atlético de Madrid y Promociones Futbolísticas.
Dicho escrito señalaba que los dos querellados habían desatendido las "observaciones y recomendaciones" formuladas por los interventores por la inadecuada gestión del club, lo que ha supuesto que "los 3.174 pequeños accionistas del Club Atlético de Madrid han perdido por completo el valor de su inversión". Asimismo, indicaba que la gestión de ambos "parece ser particular y deliberadamente perjudicial para el Atlético de Madrid". Según fuentes jurídicas, entre los argumentos que ha esgrimido Teresa Palacios para rechazar la querella de Anticorrupción figura la similitud de los hechos relatados en este escrito con los del sumario que instruyó el juez Central de Instrucción número 6, Juan del Olmo, sobre el llamado caso Atlético por las irregularidades en la transformación del club en sociedad anónima.
Por este caso, Jesús Gil fue condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de cárcel, su hijo Miguel Ángel a un año y medio y el entonces vicepresidente y ahora máximo mandatario de la entidad rojiblanca, Enrique Cerezo, a un año de prisión. Los delitos de los que fueron acusados eran los de apropiación indebida y estafa. La última querella de Anticorrupción contra Jesús Gil subrayaba que tanto él como su hijo habían "desatendido los pagos corrientes del club, dejando de satisfacer obligaciones vencidas, líquidas y exigibles" y que, a pesar de las "advertencias de los interventores", han seguido "formalizando adquisiciones de jugadores en la temporada en curso".
"En definitiva, los querellados vienen endeudando ilimitadamente a la entidad sin previsión de futuro, impagando sistemáticamente sus obligaciones tributarias y abocándola a una situación de crisis financiera y prácticamente irreversible", señalaba la querella, que añadía: "Como consecuencia de la gestión de los querellados, los 3.174 pequeños accionistas del club Atlético de Madrid han perdido por completo el valor de su inversión".
Dicho escrito señalaba que los dos querellados habían desatendido las "observaciones y recomendaciones" formuladas por los interventores por la inadecuada gestión del club, lo que ha supuesto que "los 3.174 pequeños accionistas del Club Atlético de Madrid han perdido por completo el valor de su inversión". Asimismo, indicaba que la gestión de ambos "parece ser particular y deliberadamente perjudicial para el Atlético de Madrid". Según fuentes jurídicas, entre los argumentos que ha esgrimido Teresa Palacios para rechazar la querella de Anticorrupción figura la similitud de los hechos relatados en este escrito con los del sumario que instruyó el juez Central de Instrucción número 6, Juan del Olmo, sobre el llamado caso Atlético por las irregularidades en la transformación del club en sociedad anónima.
Por este caso, Jesús Gil fue condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de cárcel, su hijo Miguel Ángel a un año y medio y el entonces vicepresidente y ahora máximo mandatario de la entidad rojiblanca, Enrique Cerezo, a un año de prisión. Los delitos de los que fueron acusados eran los de apropiación indebida y estafa. La última querella de Anticorrupción contra Jesús Gil subrayaba que tanto él como su hijo habían "desatendido los pagos corrientes del club, dejando de satisfacer obligaciones vencidas, líquidas y exigibles" y que, a pesar de las "advertencias de los interventores", han seguido "formalizando adquisiciones de jugadores en la temporada en curso".
"En definitiva, los querellados vienen endeudando ilimitadamente a la entidad sin previsión de futuro, impagando sistemáticamente sus obligaciones tributarias y abocándola a una situación de crisis financiera y prácticamente irreversible", señalaba la querella, que añadía: "Como consecuencia de la gestión de los querellados, los 3.174 pequeños accionistas del club Atlético de Madrid han perdido por completo el valor de su inversión".