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Noticia publicada el 09-01-2007
LD (EFE) El concurso necesario presupone actuación "dolosa" por parte de la compañía y prevé medidas de control más estrictas, incluidas responsabilidades patrimoniales personales. Los abogados de IURE, representantes de la familia que pidió la declaración de concurso necesario, trataron de demostrar que hay una pluralidad de acreedores, concepto básico para que el juez opte por el concurso necesario. En su intervención, alegaron que Air Madrid cesó sus actividades y remitió a los pasajeros a la Dirección General de Aviación Civil, por lo que éstos se convierten en acreedores de la compañía con derecho a compensación económica.
Según estos abogados, además de los cuatro miembros de esta familia, hay otros acreedores que no han cobrado, por lo que hay un "sobreseimiento generalizado". A juicio de esta parte, Air Madrid "no quiere dar pie" a que exista dicho concepto, pues implicaría el concurso necesario, según el punto 2.4 de la ley concursal. De hecho, los representantes legales de la compañía no precisaron este martes el número de pasajeros que pagaron y tenían programado volar con posterioridad al 15 de diciembre. Por otra parte, los letrados de los acreedores dijeron que el último balance de Air Madrid, de agosto de 2006, arroja un desequilibrio patrimonial "importante" de unos 94 millones de euros y preguntaron cómo la aerolínea ha podido satisfacer el pasivo existente hasta el 18 de diciembre.
Los abogados añadieron este martes como acreedores a las compañías LSG Sky Chefs España (1,3 millones), El Corte Inglés Viajes, Repsol (3,7 millones por consumo mensual de combustible pendiente de pago a 18 de diciembre) Cepsa (1 millón) SA, Aire SL Iberia Viajes y el Auditorium de Madrid. Por su parte, los abogados de Air Madrid, que se oponen a la solicitud del concurso necesario, dijeron que la crisis de la compañía fue una situación sobrevenida por la resolución de Fomento del 15 de diciembre y "no querida" por la aerolínea.
En su opinión, se trató de una suspensión provisional, no definitiva, por la que se privó a la empresa de los ingresos y se la abocó "a la insolvencia inminente". No obstante, añadieron las fuentes, las operaciones se avalaron por el socio mayoritario de la empresa, Optursa, que ha apoyado sistemáticamente a la compañía y ha inyectado 22,8 millones de euros hasta el 18 de diciembre de 2006 y otros 7 millones más hasta el día 31. Los letrados indicaron que actualmente se atiende a todos los pagos de los proveedores con 3 millones de euros que la compañía tenía a 18 de diciembre y el dinero del socio mayoritario.
Entre los indicios que, a juicio de esta parte, no determinan la insolvencia de la compañía, se encuentra el acuerdo con LTU para que atienda a los viajeros. "No nos hemos allanado a la solicitud del concurso necesario. La solicitud de concurso voluntario de Air Madrid fue anterior", afirmaron. En este sentido, aseguraron que la compañía trató de evitar la crisis, pero cuando IATA y los bancos se retrajeron, no tuvo más remedio que desembocar en suspensión. Según los abogados de Air Madrid, la liquidez de la compañía hubiera aumentado en 13 millones de euros (fondos en poder de IATA y entidades financieras) si no hubiese intervenido Fomento.
Según estos abogados, además de los cuatro miembros de esta familia, hay otros acreedores que no han cobrado, por lo que hay un "sobreseimiento generalizado". A juicio de esta parte, Air Madrid "no quiere dar pie" a que exista dicho concepto, pues implicaría el concurso necesario, según el punto 2.4 de la ley concursal. De hecho, los representantes legales de la compañía no precisaron este martes el número de pasajeros que pagaron y tenían programado volar con posterioridad al 15 de diciembre. Por otra parte, los letrados de los acreedores dijeron que el último balance de Air Madrid, de agosto de 2006, arroja un desequilibrio patrimonial "importante" de unos 94 millones de euros y preguntaron cómo la aerolínea ha podido satisfacer el pasivo existente hasta el 18 de diciembre.
Los abogados añadieron este martes como acreedores a las compañías LSG Sky Chefs España (1,3 millones), El Corte Inglés Viajes, Repsol (3,7 millones por consumo mensual de combustible pendiente de pago a 18 de diciembre) Cepsa (1 millón) SA, Aire SL Iberia Viajes y el Auditorium de Madrid. Por su parte, los abogados de Air Madrid, que se oponen a la solicitud del concurso necesario, dijeron que la crisis de la compañía fue una situación sobrevenida por la resolución de Fomento del 15 de diciembre y "no querida" por la aerolínea.
En su opinión, se trató de una suspensión provisional, no definitiva, por la que se privó a la empresa de los ingresos y se la abocó "a la insolvencia inminente". No obstante, añadieron las fuentes, las operaciones se avalaron por el socio mayoritario de la empresa, Optursa, que ha apoyado sistemáticamente a la compañía y ha inyectado 22,8 millones de euros hasta el 18 de diciembre de 2006 y otros 7 millones más hasta el día 31. Los letrados indicaron que actualmente se atiende a todos los pagos de los proveedores con 3 millones de euros que la compañía tenía a 18 de diciembre y el dinero del socio mayoritario.
Entre los indicios que, a juicio de esta parte, no determinan la insolvencia de la compañía, se encuentra el acuerdo con LTU para que atienda a los viajeros. "No nos hemos allanado a la solicitud del concurso necesario. La solicitud de concurso voluntario de Air Madrid fue anterior", afirmaron. En este sentido, aseguraron que la compañía trató de evitar la crisis, pero cuando IATA y los bancos se retrajeron, no tuvo más remedio que desembocar en suspensión. Según los abogados de Air Madrid, la liquidez de la compañía hubiera aumentado en 13 millones de euros (fondos en poder de IATA y entidades financieras) si no hubiese intervenido Fomento.
Los abogados justificaron la falta de datos del balance de agosto de 2005 porque aún no estaban cargados los pagos de las delegaciones de Air Madrid. El balance se presentó "inmediatamente" para optar al concurso voluntario y "este martes está al día". La responsable de Relaciones Humanas de Air Madrid, María Antonia González, que testificó en la vista, dijo que ya han cobrado el sueldo de diciembre 752 trabajadores, de un total de 1.020, y faltan por percibir la nómina de los comandantes, los copilotos y los altos directivos. La carga salarial prevista a 31 de diciembre es de 2,5 millones de euros, afirmó.
