Aceptan la recusación presentada contra el magistrado que iba a juzgar a Emilio Botín

LD (EFE) Según confirmaron fuentes jurídicas, la Sala de Justicia de la Audiencia Nacional ha estimado "parcialmente" el incidente de recusación contra Gómez-Bermúdez, al apreciar como causa de ello "interés directo o indirecto en la causa", según el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El inicio del juicio oral contra Botín, Amusátegui y Corcóstegui estaba previsto para el próximo miércoles, día 26, aunque las mismas fuentes no pudieron confirmar si la fecha sufrirá modificaciones a raíz de esta recusación.

Uno de los argumentos de Rafael Pérez Escolar para esta recusación es que Javier Gómez Bermúdez se encargó de ejecutar la sentencia del caso Banesto, por el que se condenó a Mario Conde, al financiero Jacques Hachuel, al ex vicepresidente Arturo Romaní, al ex consejero delegado de Banesto Enrique Lasarte, al ex director general Fernando Garro y al propio Pérez Escolar.

El auto de la Sala de Justicia indica que en la composición del tribunal juzgador ha habido "singularidades", pues la juez Angela Murillo fue designada primero presidenta de la Sala y, posteriormente, fue sustituida por el juez Gómez-Bermúdez. Por eso, en el texto se afirma que el tribunal que tenía que juzgar a Botín se modificó "sin justificación inicial alguna" y "con una justificación ulterior insuficiente", lo que "ha podido crear una apariencia de falta de imparcialidad incursa en la causa".

Sin embargo, el auto de la Sala de Justicia desestima otros argumentos de la revocación expuestas por Pérez Escolar, como la "enemistad manifiesta" o "tener pleito pendiente con una de las partes". Además, el escrito "no considera probado que el comportamiento del Magistrado recusado haya estado presidido por un interés indirecto en la causa".

Estaba previsto que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgara, a partir del próximo miércoles, 26 de enero, a Botín, Amusátegui y Corcóstegui, por un tribunal compuesto por Luis Antonio Martínez de Salinas -como ponente- y la juez Raimunda de Peñafort Lorente Martínez. Según fuentes jurídicas, la presidencia del tribunal podría recaer en Angela Murillo o Antonio Díaz Delgado.

El caso de las jubilaciones comenzó cuando se conoció que Amusátegui y Corcóstegui cobraron sendas indemnizaciones de 43,7 y 108 millones de euros, respectivamente, al abandonar el Santander a mediados de 2001 el primero y a principios de 2002, el segundo. Rafael Pérez Escolar, ex vicepresidente de Banesto en la época de Mario Conde, y el abogado Francisco Franco Otegui, presentaron una querella contra Corcóstegui, Amusátegui y Botín por considerar que recibieron las mencionadas indemnizaciones al dejar la entidad "para dejar el campo libre a Botín".

El ministerio fiscal de la Audiencia Nacional pidió el sobreseimiento del caso en cuatro ocasiones, la primera en septiembre de 2003 al no apreciar delitos en las indemnizaciones cobradas por Corcóstegui y Amusátegui y la última, 16 de junio de 2004.