En el trasfondo de la polémica que casi cada verano trastorna las vacaciones de los españoles está la forma en la que se accedía a la profesión de controlador.
Este colectivo, hasta ahora, estaba formado por personal contratado por Aena. Para ser controlador, hay que pasar unos exigentes exámenes, con numerosas pruebas y, posteriormente, aprobar un curso de capacitación realizado por Aena y en el que los profesores son controladores en ejercicio. Es decir, entre la empresa y los trabajadores determinaban cuántos nuevos empleados habría cada año. Incluso, este cupo entra dentro de las negociaciones del convenio colectivo. De hecho, desde 2006, no se han vuelto a convocar plazas.
Hasta ahora, la carestía de personal favorecía a ambas partes. Por un lado, la empresa se ahorraba un nuevo empleado, con todos los costes indirectos que esto supone (seguros, cotizaciones sociales, vacaciones, etc...); por el otro, los controladores cobraban las horas extra al triple de su salario base.
Este verano, sin embargo, se ha puesto de manifiesto que la falta de personal podía ser un problema. Tras entrar en vigor la nueva Ley 9/2010, Aena ha impuesto condiciones más duras a los controladores y algunos de ellos han pedido la baja. Sin entrar a valorar si estas bajas están o no justificadas, lo cierto es que han provocado retrasos y complicaciones en muchos aeropuertos. En este contexto, es en el que José Blanco ha anunciado la liberalización de los servicios de los controladores.
A partir de ahora, las empresas con cualificación a nivel europeo podrán ser contratadas por los aeropuertos españoles. Numerosas compañías europeas ya prestan estos servicios en otros países: los controladores ganan mucho dinero (su trabajo no es nada fácil y requiere mucha formación), pero no tienen el poder de chantajear a todo un país sin recibir ningún castigo del mercado. El único pero de esta noticia es que, aunque se liberaliza a los trabajadores, no se hace lo mismo con la empresa, que sale reforzada y en una situación aún más protegida.
Porque sólo una de las partes sale de esta polémica sin un rasguño. Aena seguirá monopolizando la gestión de casi todos los aeropuertos españoles y mantendrá su gestión ineficiente y costosa, más pendiente de agradar al poder público que al mercado. El control que los políticos mantienen sobre un sector tan especial (y que incluye abrir aeropuertos sin ton ni son, en búsqueda del voto fácil y no de la rentabilidad económica de la infraestructura) hará complicado pasar esta última frontera.
El anuncio de Blanco
Ha sido este jueves cuando el ministro de Fomento, José Blanco, ha señalado que llevará este viernes al Consejo de Ministros un Decreto de Certificación del Nuevo Personal de Servicios de Navegación Aérea para su aprobación. Este anuncio de Blanco, realizado en la Comisión de Fomento, supone que se avance más en lo marcado por la ley de Navegación Aérea, aprobada hace cinco meses por el Gobierno, que hacía hincapié en como se deberían prestar los servicios de tránsito aéreo en el futuro.
El nuevo Decreto supone que se puedan privatizar los servicios de navegación de los aeropuertos y que se de la posibilidad de que cualquier empresa europea cualificada pueda trabajar en las torres de control y centro de control de los aeropuertos. Según Blanco, una vez que se apruebe este Decreto por el Consejo de Ministros, se va a convocar un concurso para estos nuevos proveedores, y se confía en que puedan entrar a desempeñar sus funciones antes de fin de año.
La legislación europea permite que cualquier proveedor certificado en un Estado pueda dar su servicio en cualquier otro país de la UE.
Tensión con Llamazares
En la comparecencia de Blanco, hubo un tenso diálogo entre el ministro y el diputado de IU, Gaspar Llamazares, quien acusó al titular de Fomento de actuar con "manu militari" con los controladores españoles.
Llamazares añadió que no es contrario a la abolición de los privilegios, pero que actuar de la forma que se ha hecho con ello con los controladores, a través de un decreto, "me da miedo", porque cualquier día se aplica esa forma "a mi o al resto de los trabajadores". Así mismo, la opción anunciada hace unos días por Blanco de poder utilizar de forma "excepcional" a los controladores militares, "no es una medida que nos guste", dijo.
El ministro respondió al diputado que lo importante es que si hay alguien que no cumpla su función, se puedan suplir de alguna forma para garantizar un servicio público, y que "eso se puede garantizar con los controladores militares, actuando en condiciones de seguridad y prestación del servicio". Para el ministro, las decisiones que se han tomado y se adopten van destinadas a defender siempre "el interés general por encima del particular".