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Afectados por el caso Afinsa-Fórum piden al Defensor del Pueblo que investigue la conducta del Ministerio

Los afectados por la presunta estafa Afinsa-Fórum han pedido por escrito al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, que intervenga en el caso para aclarar responsabilidades. Según Ausbanc, el objetivo es que "tome cartas en el asunto" y defienda los derechos de los consumidores con la apertura de una investigación sumaria de la conducta del Ministerio de Sanidad y Consumo, de la que deberá dar cuenta a las Cortes Generales.

Los afectados por la presunta estafa Afinsa-Fórum han pedido por escrito al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, que intervenga en el caso para aclarar responsabilidades. Según Ausbanc, el objetivo es que "tome cartas en el asunto" y defienda los derechos de los consumidores con la apertura de una investigación sumaria de la conducta del Ministerio de Sanidad y Consumo, de la que deberá dar cuenta a las Cortes Generales.
LD (Agencias) En opinión de la Asociación de Usuarios de Banca, Ausbanc, Consumo es responsable de la situación al haber incumplido su "obligación" de supervisar la actividad de las empresas de inversiones en bienes tangibles y de desarrollar un marco normativo adecuado para una eficaz protección de los consumidores y usuarios. El escrito, al que se puede acceder a través de Internet, puede ser presentado en las oficias del Defensor del Pueblo tanto de forma presencial como por correo electrónico, fax o correo ordinario, dijo Garay, que apuntó que esperan que lleguen "decenas de miles de cartas para reforzar la protección de los derechos de los inversores".

El representante de Ausbanc avanzó que, la próxima semana, tienen previsto convocar a los afectados para que dirijan una carta al presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, para pedirle que se involucre e investigue por qué el Ministerio de Sanidad y Consumo no desarrolló la Disposición Adicional cuarta de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Añadió que es "incomprensible" que, si la situación de Afinsa y Fórum Filatélico se conocía desde 2003, la Administración no dictara normas "para exigir un mayor control" y pidió al Estado que se involucre para que los afectados recuperen su inversión e impedir que vuelva a repetirse la situación.
 
Reparto de responsabilidades

Bruno Lozano, uno de los afectados por la presunta estafa que se desplazó este martes por la mañana a las oficinas del Defensor del Pueblo, explicó que su intención es que el caso no se convierta en una "nueva Rumasa" y evitar que "entre los amigos del PSOE" se repartan el patrimonio de Afinsa y Fórum. No obstante, no es la posición de todas las asociaciones de consumidores. Javier Alonso, presidente de la Asociación Madrileña de Consumidores y Contribuyentes (AMCC), ha llamado la atención sobre "la responsabilidad de los inversores, que en muchos casos han realizado inversiones en activos tangibles sin los debidos análisis y conocimientos. Invertir en acciones requiere unos conocimientos, invertir en materias primas otros, en productos derivados otros y en activos tangibles otros diferentes".
 
No obstante, Alonso ha recalcado que "se puede olvidar la responsabilidad de los organismos del Estado por la forma de llevar a cabo la investigación, imposibilitando la recuperación tanto de la reputación de las empresas como del valor de los activos filatélicos. En lugar de resolver el problema de forma ordenada, con la posible venta ordenada de activos, ahora va a generar el desplome del mercado por las ventas masivas de los mismos". El presidente de la AMCC continúa diciendo que "posiblemente se hubiera formado una burbuja pero la forma de intervenir por parte del estado ha generado un estallido violento de la misma".
 
Los imputados de Afinsa seguirán en prisión
 
Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido mantener la prisión provisional para los cuatro antiguos administradores de Afinsa, relacionados con la presunta estafa cometida por la sociedad de coleccionismo a más de 150.000 clientes. Así lo indica un auto del juez Pedraz, conocido este martes, y que responde a un recurso de reforma interpuesto hace días por la defensa de los cuatro ejecutivos de Afinsa, a quien la Fiscalía Anticorrupción acusa de estafa, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, insolvencia punible y administración desleal.

Además de estos cuatro imputados encarcelados junto al proveedor de sellos Francisco Guijarro, el juez decidió ayer, lunes, libertad sin fianza para el director de contabilidad de la sociedad hasta 2003, Emilio Ballester, con la obligación de presetarse en el juzgado todos los lunes y la prohibición de salir del territorio nacional. El juez Pedraz también desestima la petición de libertad para Albertino de Figueiredo debido a su estado médico y su avanzada edad -75 años-, ya que su salud "no obsta a la prisión" dado que el centro penitenciario de Soto del Real "cuenta con los medios oportunos" y, si es preciso, "puede acordar su traslado a un centro hospitalario".
 
Santiago Pedraz ha justificado su decisión por el "peligro de fuga", así como en la necesidad de evitar "que se actúe contra bienes jurídicos de las víctimas, la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de pruebas relevantes". Además, según Pedraz, los imputados acceder "acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de pruebas", y con ello "influir sobre otros imputados, testigos o peritos". Del mismo modo, "podrían hacer desaparecer bienes con los que en su caso pudiera resarcirse a los perjudicados". Tras la libertad sin fianza acordada ayer, lunes, para Ballester, consejero de la entidad entre 2002 y 2003, falta por señalar, por parte del juez Pedraz, el día de la comparecencia para Francisco Blázquez Ortiz, el auditor de Afinsa hasta 1999 a través de la empresa Gestinsa Auditores.

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