LD (L. Ramírez) Los datos del paro registrado tienen trampa, como ya ha adelantado LD, pero si se atiende a la distribución geográfica del maquillaje estadístico que realiza el Ministerio de Trabajo en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (INEM) se certifica la existencia de tremendas desigualdades en el ámbito territorial.
El 60% de los parados que esconde la estadística oficial se encuentran localizados en Andalucía, Extremadura y Castilla – La Mancha, aunque la comunidad autónoma que preside Manuel Chaves se lleva la palma, con la mitad de los desempleados del conjunto nacional.
Así, de los 3,9 millones de parados que hay registrados en las oficinas del INEM (sin maquillaje), en Andalucía se contabilizan 206.549, lo que supone el 49% de total. El mecanismo para “esconderlos” es agruparlos en el epígrafe estadístico de desempleados "con disponibilidad limitada" o con "demanda de empleo específica".
Estas personas, según afirma el INEM, "son aquellos demandantes, sin empleo, que indican en su solicitud condiciones especiales de trabajo". Es decir, que aunque Trabajo no lo reconozca son también parados. Además, existe otra rúbrica que se utiliza para desvirtuar la estadística, la de las personas que acuden a cursillos de formación y los cataloga como demandantes de empleo no ocupados (DENOS), también parados a todos los efectos, menos para el departamento ministerial que dirige Celestino Corbacho.
El INEM no encuentra trabajo a los parados
La utilidad de estos cursos deja mucho que desear, así como la capacidad de los Servicios Públicos de Empleo para encontrar un puesto de trabajo a los demandantes. De hecho sólo intermediaron (cerrar un acuerdo entre una oferta y una demanda de empleo) en el 2,1% del total de las contrataciones que se realizaron en 2008. Según datos oficiales, entre enero y diciembre del pasado año el total de colocaciones alcanzó la cifra de 16.297.640.
De ellas, únicamente 4,8 millones afectaron a demandantes activos de empleo (el 7,2%), es decir, los que suscriben esta condición, cada tres meses, en las oficinas del paro.
De esta cifra, más de 4,5 millones encontraron un empleo sin que mediara una oferta previa de una empresa al Inem. Únicamente el 2,1% del total (350.236) encontraron trabajo gracias al servicio público.
Los datos oficiales demuestran, además, que los parados recurren cada vez menos al INEM para encontrar empleo. De hecho, según estas cifras, 11,4 de las 16,2 millones de colocaciones de 2008 se registraron fuera de este circuito público de contratación, esto es, que afectaron a personas que ni tan siquiera tenían regularizada su situación con los Servicios Públicos de Empleo.
Estos datos han sido recopilados en un estudio realizado por la Agencia de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT), en el que se precisa, por el contrario, que la intermediación de las ETT afectó a 2,2 millones de contratos, esto es, un 13,9%, frente al 2,1% de la intermediación pública, en ese periodo.
Distribución geográfica del paro oculto en el INEM
Después de la comunidad autónoma andaluza, la región con más desempleo oculto mediante esta fórmula es Cataluña, con 35.038 parados ocultos. Le siguen Extremadura (29.417) Madrid (28.594), Comunidad Valenciana (26.883), Galicia (18.545) Castilla y León (12.848), Canarias (11.457) y Castilla-La Mancha (10.159).
Tras ellas se encuentran País Vasco (7.340), Aragón (7.142), Murcia (6.055), Asturias (6.015), Baleares (4.664), Cantabria (3.719), Navarra (2.527), La Rioja (1.173), Melilla (892) y Ceuta (551)
Fuente: Ministerio de Trabajo
(Pinche en la imagen para verla más grande)
El Gobierno no niega la ineficacia del sistema, aunque se ha dado cuenta tarde. Desde octubre las oficinas del INEM están desbordadas, como adelantó LD. Por ello, uno de los puntos que abordará el próximo viernes el Consejo de Ministros es el refuerzo de los Servicios Públicos de Empleo.
Celestino Corbacho se ha comprometido a "mantener y actualizar las plantillas de personal requeridas para afrontar la situación actual y para responder a las nuevas demandascon medidas tecnológicas, organizativas y de personal".
Pero esto no es suficiente. Según señala Agett, la necesidad de abrir la intermediación laboral a las empresas de colocación privadas es uno de los asuntos en los que el diálogo social sigue estancado. El acuerdo de mínimos para medidas de urgencia que aprobará el Ejecutivo no incluirá la reivindicación de eliminar las restricciones que las ETT sufren en España (a pesar de las recomendaciones de la Unión Europea) respecto a su capacidad de intermediación en sectores como la construcción o las administraciones públicas. La oposición de los sindicatos y del Gobierno sigue bloqueando esta reforma, que ayudaría a frenar la sangría laboral.