LD (EFE) Según estas fuentes, Joaquín Abajo Quintana , uno de los nuevos diez imputados por la presunta estafa de la sociedad filatélica, reconoció ser cuñado del anterior director financiero de Afinsa, Emilio Ballester , y tener relación con Oikia -filial inmobiliaria de la compañía-. A pesar de no recordar ser apoderado de algunas cuentas de Afinsa, Joaquín Abajo cobraba más de 78.000 euros al año por ocupar su puesto en el consejo de administración y otros 142.000 euros, en 2006, por ser secretario general de la compañía.
La Fiscalía Anticorrupción preguntó al ejecutivo si le constaba que el tasador Steve Washburne realizó un informe en el que, tras analizar 400.000 lotes filatélicos adquiridos al proveedor Francisco Guijarro -también imputado- y sus sociedades entre 1999 y 2003, le atribuía un valor a la filatelia de 3,53 millones de euros, en torno al 3 por ciento de su valor de catálogo. Además, este tasador identificó "sellos falsos" y "dudosos", "además de abundantes reimpresiones de valor ínfimo", según el documento presentado por la Fiscalía Anticorrupción que, durante esta declaración, sacó a colación las advertencias formuladas por el experto Hermenegildo Trillo sobre las estampillas compradas a Guijarro.
Este "descontrol" en la organización y almacenamiento de los sellos derivó en unos problemas económicos para cerrar las cuentas de 2004, según reconoció ante el juez el propio Abajo Quintana. Para cerrar la contabilidad se manejó la hipótesis de reflejar unas pérdidas de 16 millones de euros, aunque, mediante un correo electrónico esgrimido también por la Fiscalía, el secretario del consejo de administración de Afinsa prefirió que se contabilizase de otra manera y, al final, la sociedad filatélica reportó unos beneficios de 51 millones de euros.
Joaquín Abajo reconoció que se hizo un contrato, por diez años y con un pago anual de 65.000 dólares, con el catálogo internacional Brookman, al que él "puso reparos" sin concretar ante el juez las razones de su oposición. Según la Fiscalía Anticorrupción, durante la vida de la compañía, los administradores fueron perfectamente conocedores de que para el mantenimiento de la sociedad, resultaba esencial controlar tanto el precio de los sellos como su revalorización así como los catálogos internacionales, sin que el público lo supiese.
De hecho, este contrato con Brookman, un catálogo estadounidense que se presenta como "prestigioso e independiente", tenía una cláusula de confidencialidad que impedía saber quién lo había adquirido hasta que lo desvela una filtración al supervisor de mercados de Estados Unidos -la Securities Exchange Commission (SEC)-. Según Anticorrupción, "la preocupación" de los principales imputados en este caso y miembros del Consejo de Administración - Albertino de Figueiredo ; su hijo, Carlos; José Antonio Cano Cuevas y Vicente Martín Peña - era mantener "la política de precios de Afinsa" y, para ello, trabajaban en los meses anteriores a la intervención judicial en la elaboración de un catálogo mundial del sello.
La Fiscalía Anticorrupción preguntó al ejecutivo si le constaba que el tasador Steve Washburne realizó un informe en el que, tras analizar 400.000 lotes filatélicos adquiridos al proveedor Francisco Guijarro -también imputado- y sus sociedades entre 1999 y 2003, le atribuía un valor a la filatelia de 3,53 millones de euros, en torno al 3 por ciento de su valor de catálogo. Además, este tasador identificó "sellos falsos" y "dudosos", "además de abundantes reimpresiones de valor ínfimo", según el documento presentado por la Fiscalía Anticorrupción que, durante esta declaración, sacó a colación las advertencias formuladas por el experto Hermenegildo Trillo sobre las estampillas compradas a Guijarro.
Este "descontrol" en la organización y almacenamiento de los sellos derivó en unos problemas económicos para cerrar las cuentas de 2004, según reconoció ante el juez el propio Abajo Quintana. Para cerrar la contabilidad se manejó la hipótesis de reflejar unas pérdidas de 16 millones de euros, aunque, mediante un correo electrónico esgrimido también por la Fiscalía, el secretario del consejo de administración de Afinsa prefirió que se contabilizase de otra manera y, al final, la sociedad filatélica reportó unos beneficios de 51 millones de euros.
Joaquín Abajo reconoció que se hizo un contrato, por diez años y con un pago anual de 65.000 dólares, con el catálogo internacional Brookman, al que él "puso reparos" sin concretar ante el juez las razones de su oposición. Según la Fiscalía Anticorrupción, durante la vida de la compañía, los administradores fueron perfectamente conocedores de que para el mantenimiento de la sociedad, resultaba esencial controlar tanto el precio de los sellos como su revalorización así como los catálogos internacionales, sin que el público lo supiese.
De hecho, este contrato con Brookman, un catálogo estadounidense que se presenta como "prestigioso e independiente", tenía una cláusula de confidencialidad que impedía saber quién lo había adquirido hasta que lo desvela una filtración al supervisor de mercados de Estados Unidos -la Securities Exchange Commission (SEC)-. Según Anticorrupción, "la preocupación" de los principales imputados en este caso y miembros del Consejo de Administración - Albertino de Figueiredo ; su hijo, Carlos; José Antonio Cano Cuevas y Vicente Martín Peña - era mantener "la política de precios de Afinsa" y, para ello, trabajaban en los meses anteriores a la intervención judicial en la elaboración de un catálogo mundial del sello.