LD (EFE) El portavoz de Economía del PP, Miguel Arias Cañete, aseguró en una rueda de prensa que es incierto que los criterios para negar la autorización a una empresa que quiera tomar una participación en una energética española no estén relacionados con la ley de la acción de oro.
Según Arias Cañete, el Real Decreto-Ley por que el que se incrementan las competencias de la CNE coincide "exactamente" en al menos cuatro puntos con la normativa derogada el pasado 25 de noviembre, algo que considera "pintoresco" y que demuestra que el ministro de Industria, José Montilla, "vuelve a faltar a la verdad".
También declaró que la ley es "innecesaria", además de "anticomunitaria y contraria al derecho constitucional", ya que en España existe "toda una normativa que garantiza la regularidad del suministro, el abastecimiento y la seguridad pública" de la electricidad, entre las que destacó la Ley de Hidrocarburos y la Ley del Sistema Eléctrico.
Para el PP, la diferencia entre la normativa de ampliación de funciones de la CNE y la legislación ya existente es que el "decreto-ley anti E.On" está hecho "pura, simple y llanamente" para impedir una opa en curso, en referencia a la anunciada el pasado 21 de febrero por la alemana E.On sobre la primera eléctrica española, Endesa.
A juicio de Arias Cañete, la carta enviada a Bruselas, que es "la plasmación por escrito del nacionalismo económico de la peor especie y la defensa a ultranza de una norma contraria a la normativa europea y a la Constitución", no defiende los intereses generales sino los particulares de Montilla y "no va a contribuir a que el prestigio de España sea el más alto".
En cuanto al dictamen motivado que Bruselas ha abierto a España por la ampliación de funciones de la CNE, el portavoz de Economía del PP también consideró que "lo más razonable" por razones de seguridad jurídica sería que el Gobierno derogara esta norma. Según Arias Cañete, el Real Decreto-Ley por que el que se incrementan las competencias de la CNE coincide "exactamente" en al menos cuatro puntos con la normativa derogada el pasado 25 de noviembre, algo que considera "pintoresco" y que demuestra que el ministro de Industria, José Montilla, "vuelve a faltar a la verdad".
También declaró que la ley es "innecesaria", además de "anticomunitaria y contraria al derecho constitucional", ya que en España existe "toda una normativa que garantiza la regularidad del suministro, el abastecimiento y la seguridad pública" de la electricidad, entre las que destacó la Ley de Hidrocarburos y la Ley del Sistema Eléctrico.
Para el PP, la diferencia entre la normativa de ampliación de funciones de la CNE y la legislación ya existente es que el "decreto-ley anti E.On" está hecho "pura, simple y llanamente" para impedir una opa en curso, en referencia a la anunciada el pasado 21 de febrero por la alemana E.On sobre la primera eléctrica española, Endesa.
A juicio de Arias Cañete, la carta enviada a Bruselas, que es "la plasmación por escrito del nacionalismo económico de la peor especie y la defensa a ultranza de una norma contraria a la normativa europea y a la Constitución", no defiende los intereses generales sino los particulares de Montilla y "no va a contribuir a que el prestigio de España sea el más alto".