Todo indica que Grecia se convertirá pronto en la historia de una quiebra anunciada. El plan de rescate internacional acordado por la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) el pasado mayo para evitar la caída (default) del país heleno mediante un crédito extraordinario de 110.000 millones de euros ha fracasado. Ya entonces algunos analistas advirtieron que esta medida no solventaría la crisis de deuda pública que sufría Atenas. Ahora, casi medio año después, son las autoridades internacionales las que asumen dicho diagnóstico.
Hace un par de semanas la prensa germana filtraba que el Gobierno de Angela Merkel ya trabajaba seriamente en un plan de reestructuración para Grecia, en el que los acreedores de la deuda helena tendrían que acabar aceptando pérdidas y algún tipo de retraso en los plazos de pago por parte del Gobierno griego. Tales informaciones parecen ahora confirmarse tras las negociaciones a puerta cerrada mantenidas entre Atenas y las autoridades internacionales durante la celebración del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) celebrado el pasado fin de semana.
La UE, el FMI y el BCE coinciden en que la restructuración helena (suspensión de pagos parcial y negociada) es inevitable. Poco a poco se van conociendo nuevos detalles del plan, que gira en torno a tres ejes básicos: una quita próxima del 35% a los tenedores de deuda pública (acreedores), que se llevaría a cabo mediante un intercambio voluntario de bonos al 65% de su valor nominal; la inyección de nuevos fondos extraordinarios por parte de Bruselas y el FMI; pero, eso sí, a un tipo de interés menor al exigido actualmente y la extensión del plazo de devolución a 30 años.
Y todo, ello, a cambio de una monitorización casi permanente de la economía griega por parte de las autoridades comunitarias. Es decir, el protectorado europeo que en la actualidad rige Grecia se extendería durante años. El Gobierno heleno se vería sometido a un nuevo programa de austeridad y profundas reformas a fin de consolidar su economía y así poder devolver lo que debe.
La medida recuerda mucho al famoso Plan Brady de reestructuración aplicado a los países latinoamericanos a finales de los años 80. Una medida que, por cierto, ya fue avanzada por el ex economista jefe del FMI Kenneth Rogoff.
En esencia, la idea que barajan en estos momentos las autoridades internacionales consiste, básicamente, en aplicar un intercambio de bonos. Grecia podría recomprar su propia deuda pública haciendo uso del Fondo de rescate europeo, pero a un precio muy inferior al inicial (al 65% del valor nominal de los bonos). Los acreedores contarían así con la posibilidad de cambiar un bono muy arriesgado, cuyo cobro no está asegurado en ningún caso, por otro que cuenta con el respaldo de la zona euro, pero asumiendo una pérdida (quita) próxima al 35% de su valor nominal.
De este modo, haciendo uso del dinero del rescate, Atenas podría reducir en casi un tercio el monto total de su deuda pública (fijado en unos 330.000 millones de euros), al tiempo que los inversores podrían recuperar hasta el 65% del valor de unos bonos que, en la actualidad, se han depreciado más de un 70% en el mercado de deuda.
Asimismo, la UE contemplaría la posibilidad de retrasar la devolución del dinero del rescate, tanto en el caso de Grecia como en el de Irlanda, hasta un máximo de 30 años (la ampliación de plazos ya fue discutida recientemente), así como aplicar un tipo de interés inferior al actual (algo superior al 5%). Además, se ofrecería aumentar a 15 ó 20 años el plazo de devolución a los tenedores privados de deuda por más de 100.000 millones de euros.
A cambio, Atenas se vería sometida a una intervención económica sine die. El plan de rescate del pasado mayo imponía un duro plan de ajuste por un período de tres años. La reestructuración, sin embargo, lo extendería de forma indefinida y, además, Grecia podría ser obligada a adoptar una enmienda constitucional para limitar el déficit y la deuda pública por ley, similar pues a la que rige en Alemania.