Bruselas envía una avalancha de requerimientos y sanciones a España

(Libertad Digital) Nuestro país sigue acumulando problemas con la Comisión Europea. Desde Bruselas se han enviado tres denuncias y dos procedimientos de infracción contra España por incumplir varias directivas comunitarias.

 

 

En primer lugar, la Comisión ha remitido a nuestra Administración un dictamen motivado en relación a las normas contenidas en la nueva Ley 30/2007 de contratos del sector público. Se trata de la segunda fase del procedimiento de infracción. Si no se recibe una respuesta satisfactoria en dos meses, la CE podría remitir el asunto ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

 

La Comisión considera que el régimen de modificación de los contratos con posterioridad a su adjudicación, no está en consonancia con los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia derivados del artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE sobre contratos públicos y de los artículos 12,43 y del 49 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

 

 

Por otro lado, Bruselas ha anunciado una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la UE por imponer una fiscalidad discriminatoria a los fondos de pensiones extranjeros.

 

El ejecutivo de la UE llevará a España y a Portugal ante la justicia comunitaria por la normativa fiscal que establece que los dividendos e intereses pagados a fondos de pensiones extranjeros pueden ser objeto de un mayor gravamen que los rendimientos de los fondos nacionales. Bruselas cree que estas disposiciones vulneral en Tratado de la UE, al restringir la libre circulación de capitales.

 

Según la ley española, las rentas de los fondos de pensiones establecidos en España están exentas de tributación y dichos fondos pueden solicitar la devolución de cualquier retención a cuenta que España haya aplicado a sus dividendos.

 

 

Además, ha incoado diferentes procedimientos de infracción contra varios Estados miembros, entre ellos España, por no haber incorporado determinadas directivas de mercado interior a sus ordenamientos jurídicos nacionales. En el caso de España, el procedimiento de infracción viene motivado por la auditoría legal de cuentas.

 

 

La Comisión Europea también ha decidido este jueves llevar a España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por incumplir las normas sobre publicidad de la Directiva Televisiones sin fronteras de la UE. Esta medida constituye la última fase del procedimiento de infracción incoado en julio de 2007. Las principales cadenas de televisión públicas y privadas en España rebasan sistemáticamente el límite de doce minutos por hora impuesto a los anuncios publicitarios y de telecompra, a menudo prolongándolos varios minutos más.

 

Al mismo tiempo, ha reconocido la necesidad de financiar la programación comercial con publicidad. En este sentido, la UE fijó la regla de los doce minutos para proteger a los telespectadores del exceso de publicidad en televisión. El Parlamento Europeo y le Consejo confirmaron esta regla con ocasión de la reciente modernización de la Directiva IP/07/1809

 

 

Tampoco se ha librado el medio ambiente. Bruselas ha emprendido este jueves acciones legales contra España en relación a tres infracciones de la normativa comunitaria de medio ambiente. Dos de los asuntos se refieren a la obligación de tratamiento de aguas residuales, dado que más de 400 aglomeraciones no efectúan un tratamiento de las aguas conforme a las normas de la UE.

 

Las cartas de advertencia finales constituyen la última etapa antes de que la Comisión lleve el asunto ante el Tribunal de la UE. En el tercer asunto, España recibirá una última advertencia por infracción en relación con la mina de carbón a cielo abierto en un espacio de Natura 2000 de la comunidad autónoma de Castilla y León.

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