El nuevo plan, una de las prioridades de la presidencia española para este semestre, debe sustituir a la fallida estrategia de Lisboa, que pretendía convertir a la UE en la economía del conocimiento más competitiva del mundo en 2010. Pero sus objetivos han sido sistemáticamente incumplidos por los Estados miembros.

Pese al fracaso de Lisboa, el Ejecutivo comunitario no propondrá tampoco esta vez sanciones para los países que no respeten los objetivos económicos, tal y como había sugerido el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

No obstante, sí que sugerirá reforzar los mecanismos de cooperación económica entre los Estados miembros, con medidas como un mayor control sobre las reformas, o el envío de recomendaciones a los países incumplidores e incluso de advertencias para que modifiquen su política económica como se ha hecho recientemente con Grecia.

Para centrar los esfuerzos y facilitar los progresos, la Comisión propone que la nueva estrategia económica se centre únicamente en cinco objetivos. En primer lugar, aumentar la tasa de empleo de la población entre 20 y 64 años del actual 69% al 75% en 2020.

Bruselas también pide incrementar el nivel de inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) del actual 2,9% al 4% del PIB. El Ejecutivo comunitario quiere además incluir en la estrategia económica los objetivos ya acordados de lucha contra el cambio climático: reducción de las emisiones del 20%, ahorro energético del 20% y cuota de renovables del 20%.

El cuarto objetivo que propone Bruselas tiene que ver con la educación y consiste en reducir la tasa de abandono escolar del 15% de media actual (en España el doble) a menos del 10% de aquí a 2020, y en aumentar la cuota de población entre 30 y 34 años que ha completado la educación terciaria (tanto la universitaria como la no universitaria) del 31% al 40%.

Finalmente, la Comisión quiere que en los próximos 10 años se reduzca un 25% el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza respecto a la cifra de 2008, lo que significaría sacar de la pobreza a 28 millones de personas.

Cada Estado miembro deberá convertir de aquí a junio estos objetivos de la UE en objetivos nacionales, teniendo en cuenta sus circunstancias particulares y los diferentes puntos de partida. Una vez fijados los objetivos nacionales, los países informaran cada año a la Comisión de sus progresos.

Ello se hará al mismo tiempo que se examine la política presupuestaria y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). De esta forma, Bruselas podrá analizar simultáneamente todos los aspectos de las políticas económicas de los Estados miembros y enviar sus recomendaciones y alertas.

Además, la Comisión quiere concentrar las ayudas europeas -por ejemplo el fondo social o los fondos estructurales- así como los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el cumplimiento de estos cinco objetivos. En paralelo, se podrán en marcha una serie de iniciativas conjuntas de la UE, entre las que destaca la creación de un mercado digital, tal y como había reclamado Zapatero en el discurso que realizó ante el Parlamento Europeo.

Pensiones, sanidad y mercado laboral

El Ejecutivo comunitario señala que el primer paso para cumplir la estrategia 2020 debe ser poner en marcha estrategias de salida para ir suprimiendo progresivamente las medidas de estímulo diseñadas para combatir la crisis y reducir el déficit y la deuda.

Para la mayoría de los países, la consolidación fiscal deberá empezar en 2011, señala el borrador, aunque los Estados miembros con más desequilibrios deben empezar antes. Además, el proceso de reducción del déficit por debajo del umbral del 3% que marca el PEC debe completarse en 2013, plazo que tiene España.

Para lograrlo, la Comisión admite que en algunos países deberán subir los impuestos. En ese caso, pide que no se aumente la fiscalidad sobre el trabajo sino que se opte por nuevas tasas sobre la energía o medioambientales.

"La consolidación fiscal y la garantía de la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas exigirán importantes reformas estructurales, en particular en los sistemas de pensiones, salud, protección social y educación. La propia administración pública deberá hacer más con menos", advierte el Ejecutivo comunitario, que también reclama reformas laborales para reducir la segmentación entre contratos fijos con mucha protección y los temporales que no tienen ninguna.