Valeriano Gómez se ha vuelto loco y, con ayuda de su jefe, hoy nos da a los españoles otro empujón para llevarnos a la ruina más absoluta. No de otra forma cabe encajar la disposición que hoy publica el Boletín Oficial del Estado, según la cual, las organizaciones empresariales y sindicales "más representativas", se van a embolsar de un tirón doscientos noventa y tres millones de euros (cincuenta mil millones de pesetas), con el único objetivo de organizar cursos de formación, o "acciones formativas", que es la denominación canónica para este trinque presupuestario específico.
Lo grotesco es que estos cursos han de ir dirigidos prioritariamente a trabajadores en activo, de forma que no cabe aducir que es una manera de mejorar las cifras de desempleo reconduciendo la pericia profesional de los parados. De hecho, la norma establece que se pueden realizar "acciones formativas" de hasta tan sólo seis horas de duración, con lo que, aparte de que la entidad organizadora, patronal o sindical, se embolse la cuantía que ella misma haya presupuestado, no parece que semejante caudal de conocimientos condensados en tan corto espacio de tiempo vaya a mejorar sustancialmente la competitividad de nuestra economía.
El expolio está tan bien diseñado que resulta prácticamente imposible que alguna entidad ajena a las organizaciones empresariales y sindicales "más representativas", en otras palabras, CEOE, UGT y CCOO con sus respectivas franquicias, pueda fagocitar un trozo de la enorme tarta presupuestaria que hoy el gobierno de España ofrece a los "agentes sociales" con cargo a nuestro bolsillo.
Así, por ejemplo, las beneficiarias han de ser organizaciones implantadas en al menos 7 comunidades autónomas (olvídense los sindicatos independientes regionales) y contar con sedes permanentes y trabajadores en nómina, algo que tampoco está al alcance de una organización independiente de reciente creación.
Pero ninguna organización especializada en el trinque presupuestario con pretensiones sociales debe perder la esperanza porque la orden que hoy firma Valeriano Gómez hace referencia únicamente a subvenciones:
- De carácter estatal. (cada comunidad autónoma después convocará las suyas)
- Para ocupados (habrá otra convocatoria estatal todavía más nutritiva para cursos dirigidos específicamente a parados)
Y en el colmo de la ofensa intelectual, la propia normativa establece que estas subvenciones serán gestionadas por la Fundación Tripartita. Es decir, los españoles vamos a pagar 293 millones de euros para subvenciones a patronal y sindicatos ¡cuyo reparto va a ser decidido por esas mismas organizaciones patronales y sindicales!
Pero como nuestros protagonistas no tienen bastante con el trinque monstruoso al que someten a nuestro bolsillo, resulta que no hay actividad administrativa más cuestionada en España que las "acciones formativas" de carácter laboral. Unos cursos sobre los que pesan evidencias cada vez más consistentes de que el fraude en su realización es prácticamente la norma habitual. ¿Las reclamaciones? A la Fundación Tripartita.