Un nuevo estudio ratifica el fiasco de las energías verdes. En este caso, el Instituto Bruno Leoni ha elaborado recientemente un informe sobre el impacto de las subvenciones públicas al sector de la energía eólica y solar en Italia, tomando como referencia el estudio sobre empleos verdes realizado por la Universidad Rey Juan Carlos y los analistas del Instituto Juan de Mariana en España. Y los resultados son aún peores que los registrados para el caso español.
Los investigadores Carlo Stagnaro y Luciano Lavecchia demuestran que cada “empleo verde” que se crea en Italia destruye 6,9 puestos de trabajo en la industria del país y 4,8 en el conjunto de la economía. De este modo, supera a los nefastos resultados obtenidos en España: cada “empleo verde” español ha precisado subvenciones por valor de 571.138 euros desde el año 2000, de modo que por cada trabajo creado en las renovables se ha destruido un promedio de 2,2 empleos en el resto de la economía española.
El estudio toma como referencia el volumen de subvenciones verdes estimado por el Gobierno italiano hasta 2020, en cumplimiento de la agenda impuesta por la UE para reducir la emisión de gases de efector invernadero a la atmósfera. Concluye que la inyección de ayudas públicas al sector creará entre 23.700 y 45.100 empleos en el sector eólico, y entre 26.900 y 45.900 en el fotovoltaco para 2020.
El problema, sin embargo, es que el coste público de dicho apoyo será milmillonario. En concreto, los expertos calculan que los contribuyentes italianos aportarán de su bolsillo -vía subvenciones directas- unos 30.800 millones de euros al sector eólico y otros 32.700 millones para el solar.
Como resultado, la creación de cada "empleo verde" en el sector eólico costará entre 464.000 y 1,3 millones de euros, dependiendo de los distintos escenarios observados (menos o mayor peso de las energías renovables en el conjunto del sector). Mientras, en el caso de la energía fotovoltaica, el coste para los contribuyentes oscilará entre los 713.000 y los 1,22 millones de euros por cada trabajo que genere el sector para 2020.
En la actualidad, según las subvenciones inyectadas entre 2005 y 2008, cada empleo verde en el sector de las renovables ha costado de media unos 163.000 euros. Sin embargo, los nuevos compromisos adquiridos por el Ejecutivo italiano para cumplir con la estrategia de la UE contra el cambio climático para 2020 amenaza con disparar el coste de los empleos verdes, al igual que acontece desde hace años en España.
El informe ratifica así los resultados del informe español para esta misma materia, que obtuvo una gran repercusión en EEUU tras la intención de su presidente, Barack Obama, de imitar el modelo energético verde español.
De hecho el fiasco verde español ya es admitido abiertamente por el propio Gobierno y, en especial por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, decidido a recortar drásticamente las subvenciones que recibe el sector renovable nacional. Algo que, por cierto, desmonta también la última campaña orquestada desde Greenpeace en defensa de las energías verdes.
El resultado del trabajo italiano podría extenderse igualmente al resto de países que, en cumplimiento de los dictados de Bruselas, apuesten en el futuro por impulsar este tipo de energía mediante ayudas y subvenciones públicas.
Pese a ello, gobiernos y responsables políticos a nivel internacional aún insisten en las ventajas de la energía verde a la hora de crear empleos que, en realidad, son artificiales, según demuestran los citados estudios.
Es, por ejemplo, el caso del secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, al subrayar este mismo martes que las "políticas verdes", además de reducir el impacto medioambiental de las actividades humanas, son un factor de crecimiento económico al generar empleos y desarrollar nuevos sectores de negocio.
Gurría lo ilustró señalando que construir edificios respetuosos con el medio ambiente no sólo sirve para disminuir la factura energética de sus ocupantes, sino que da trabajo y favorece la emergencia de un sector importante para el crecimiento en el futuro.
El secretario general del que se conoce como el Club de los países desarrollados subrayó que "los alcaldes tienen un papel muy importante" en el diseño de las políticas ecológicas en la medida en que las dos terceras partes de la energía se consume en las ciudades.
"Necesitamos -afirmó Gurría- el compromiso de todos los países y de todas las ciudades", entre otras cosas para poner en marcha una agenda internacional que venga a suceder al Protocolo de Kioto de limitación de emisiones de gases de efecto invernadero, informa Efe.