Cajasur ha advertido al gobierno del PSOE andaluz que puede retirarse del proceso de fusión ya en marcha con Unicaja si el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba el decreto de reforma de la Ley de Cajas de Ahorros en los términos anunciados por el PSOE, al entender que abre la puerta a que se diluya la presencia de la Iglesia en los órganos de gobierno en futuras integraciones.
Ésta ha sido la postura oficial que la caja de ahorros cordobesa fijó ayer a través de un comunicado al mientras el PSOE seguía negociando un acuerdo con los grupos parlamentarios de la oposición (PP e IU) que se quejan igualmente de la prepotencia socialista. La Iglesia quiere que se respete su representación y el PSOE quiere incrementar la presencia de la Diputación, controlada por él. No hay más, salvo que Griñán prometió a la Iglesia que respetaría sus derechos y así consta en el protocolo de fusión.
Cajasur advierte además de que el decreto-ley que la consejera andaluza de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, llevará este martes a la reunión del Consejo de Gobierno es "inasumible" y "no da cobertura" al protocolo de fusión, aprobado por el consejo de administración de la entidad cordobesa el pasado 27 de julio. La caja que controla la Iglesia se siente traicionada por la Junta.
Cajasur advierte además que de aprobarse la reforma de la ley con la agresión a los derechos de la Iglesia, la entidad "descartaría una eventual fusión en los actuales términos, ya que, según la entidad fundadora [la Iglesia], dejaría en el aire las adecuadas garantías relativas a la defensa del empleo, la obra social y el futuro de la especial relación de la nueva entidad con Córdoba".
La pretensión de la Iglesia es que, ante otra eventual fusión, sea necesario el concurso del legislador para "alterar los derechos" que hasta ahora le otorga la ley. De salir adelante el decreto-ley redactado por la Junta, la representación del Cabildo Catedralicio en los futuros órganos de gobierno se adecuaría mediante "simples modificaciones estatutarias" y "obviaría la vocación de perdurabilidad en una norma con rango de ley para cuestiones cruciales, como en su día se acordó". Se iría sencillamente diluyendo su poder, una vieja pretensión que el PSOE ya intentó durante su guerra en la etapa de Miguel Castillejo.
La decisión de Cajasur ha causado escándalo en El País, tradicional amigo del PSOE. Según este diario, "Cajasur, controlada por la Iglesia católica, lanzó ayer un órdago monumental al Gobierno de José Antonio Griñán. Pasadas las diez de la noche, emitió un comunicado en el que considera inasumible el texto del decreto que la Consejería de Economía y Hacienda aún estaba ultimando al cierre de esta edición para llevarlo para su aprobación al Consejo de Gobierno de hoy. Según la entidad cordobesa, el decreto "no da cobertura legal al protocolo de fusión" alcanzado con Unicaja, según el cual a la Iglesia, como entidad fundadora, tendría un 7% de representación en los órganos de gobierno.
Y añade que en el texto en el que anoche trabajaban en la Consejería de Economía y Hacienda, este porcentaje era levemente menor (del seis y pico, según algunas fuentes), pero no afectaba al número de sillones que los representantes del Cabildo catedralicio de Córdoba tendrá en los órganos de gobierno.
Al cierre de esta edición, la consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, intentaba convencer al presidente de Cajasur, el sacerdote Santiago Gómez Sierra, de que la posición de la Iglesia era la acordada en el protocolo de fusión de Unicaja y la entidad cordobesa.
En realidad, lo que pretende el PSOE es aumentar el poder de las diputaciones en las Cajas, lo que daría mayor poder al PSOE en las actuales circunstancias mermando la influencia de la Iglesia. El PP estaba dispuesto a respetar los acuerdos fijados en los protocolos de fusión entre las tres entidades, en el que, se incrementa la presencia de las diputaciones. Pero no quiere que esa pauta siga imperando en otras uniones futuras, porque significaría "apuntalar" el poder del PSOE en estas entidades financieras en largo plazo.
Los socialistas, como es habitual, utilizan su mayoría para laminar a la oposición y como vienen haciendo desde 1985, siguen en su empeño de controlar totalmente las cajas de ahorro. Por ejemplo, aunque aceptan la sugerencia de los populares de que los cargos electos como los diputados no estén presentes en los consejos de administración no lo aceptan en el caso de los concejales porque les perjudica seriamente. IU se ha quejado del escaso eco de sus propuestas y niega que lo que hace Griñán pueda llamarse negociación.