LD (M. Llamas)  Si el Gobierno cumple su compromiso de construir hasta 150.000 viviendas protegidas (VPO) al año, casi el 50 por ciento de los inmuebles iniciados en el país serán de titularidad pública al finalizar en 2008. La mayoría de los analistas coincide en que apenas se iniciarán 300.000 pisos durante el presente ejercicio. Los promotores se agarran ya al flotador de la VPO, debido a la brusca caída de las ventas en vivienda libre y la restricción crediticia.

 

El mercado inmobiliario español está prácticamente paralizado desde el segundo trimestre de 2007. ¿Todo? No, no todo: La vivienda de protección oficial (VPO) parece resistir las graves dificultades que ha generado la crisis del ladrillo en el conjunto del sector.

 

Los promotores priman ya el desarrollo de suelos reservados para VPO, en lugar de arriesgarse en la construcción de vivienda libre. Y ello, debido al brusco frenazo que, desde hace meses, viene registrando su volumen de ventas. Como consecuencia, casi el 50 por ciento de los inmuebles iniciados durante 2008 serán de titularidad pública, en caso de que el Gobierno cumpla su promesa de iniciar la construcción de 150.000 viviendas protegidas al año.

 

Y es que, el presente año apenas se iniciarán unos 300.000 pisos en total, según las previsiones de la consultora inmobiliaria Aguirre Newman. Una caída superior al 50 por ciento, ya que 2007 ha cerrado con un volumen de viviendas iniciadas próximo a las 700.000 unidades.

 

Uno de los datos más relevantes del panorama inmobiliario nacional radica en la caída libre que ha experimentado la demanda de vivienda nueva. Desde mediados de 2007, los promotores han observado una reducción en sus ventas próxima al 70 por ciento. De media, la bajada se situó entre el 40 y el 50 por ciento el pasado año con respecto a 2006, según las principales inmobiliarias del país, agrupadas en el denominado G-14. Con el consiguiente efecto de destrucción de empleo en el sector.

 

Además, el volumen de preventas (transacciones inmobiliarias previas al desarrollo o conclusión de las obras) ha bajado hasta un 70 por ciento durante el cuarto trimestre de 2007, según los informes internacionales a los que ha tenido acceso Libertad Digital.

 

 

Tales indicadores reflejan el importante frenazo que sufre el sector de la construcción en España. Así, las licencias para la construcción de obra residencial caían casi un 40 por ciento a la altura del pasado septiembre en tasa interanual; Mientras, los visados de obra nueva residencial bajaron un 24,4 por ciento en 2007, hasta algo más de 688.000 unidades, según los últimos datos oficiales.

 

Como resultado, los promotores se están agarrando con fuerza al flotador público facilitado por el Gobierno (a través de la Federación de Ayuntamientos) para mantener su actividad. Y eso que, según el ministro de Economía, Pedro Solbes, el "Estado no debe intervenir en el sector inmobiliario".

 

Hasta ahora, tales compañías “se centraban en el desarrollo de la vivienda libre”, según Lucio Rivas, técnico urbanista y socio del despacho inmobiliario Urbe Asesores Jurídicos. De hecho, en muchos casos, se posponía en el tiempo la urbanización del suelo reservado por ley para VPO.

 

Sin embargo, tal situación ha cambiado de forma sustancial en los últimos meses. En la actualidad, “los promotores se centran en el desarrollo de VPO, ya que la venta de este tipo de viviendas cuenta con una margen de beneficio escaso, pero seguro”, afirma Rivas. Los empresarios del sector no se arriesgan a construir vivienda libre, dada la actual coyuntura que experimenta la demanda de este tipo de inmuebles y la restricción crediticia que sufre, especialmente, el mercado inmobiliario.

 

 

Las entidades de crédito limitan su financiación a la promoción urbanística de solares (suelo urbano consolidado). De hecho, los bancos están exigiendo hasta un 40 por ciento de preventas antes de conceder un crédito, para tener cierta garantía de cobro, según diversas fuentes del sector. Algo que, hoy en día, resulta difícil conseguir.

 

De este modo, el fuerte tirón de la VPO avanza un creciente peso de la vivienda pública sobre el parque inmobiliario español. Al menos, a corto y medio plazo. “Estimamos que casi un tercio del total de las viviendas iniciadas en 2008 será VPO”, según el director de Análisis e Investigación de Mercados de Aguirre Newman, Javier García. Así pues, unas 100.000 viviendas protegidas, en base a la estimación de 300.000 pisos nuevos previstos en el presente año.

 

Además, la vivienda pública constituye un “mercado objetivo para muchos fondos de inversión interesados en el arrendamiento de este tipo de inmuebles”. No por casualidad, el Gobierno modificó recientemente su Plan Estatal de Vivienda, con el objetivo de extender el acceso de la clase media a este tipo de inmuebles.

 

De hecho, casi la mitad de los nuevos inmuebles construidos en 2008 podrían terminar bajo la tutela de la protección pública en caso de que el Gobierno cumpla su compromiso de construir hasta 150.000 unidades de VPO al año. El volumen de pisos protegidos fue de casi 100.000 al cierre del pasado año. De este modo, el PSOE pretende aumentar un 50 por ciento la oferta pública de inmuebles, con respecto a 2007.

 

Durante la pasada legislatura se iniciaron casi 360.000 viviendas protegidas en España, según las previsiones del Gobierno. Es decir, un volumen próximo al 12,6 por ciento del total de inmuebles construidos durante ese mismo periodo (unos 2,9 millones de pisos).

 

Dada la fuerte desaceleración que padece el sector, dicha tendencia podría ser bien distinta al cierre de la presente legislatura: El PSOE pretende construir 600.000 VPO hasta 2012, mientras que algunos analistas del sector estiman que el parque nuevo de viviendas oscilará entre 1,2 y 1,5 de unidades en ese periodo. Así, casi el 50 por ciento de los nuevos pisos en construcción podrían acabar siendo públicos bajo el nuevo Gobierno socialista.