En esta línea, Maragall ha recordado que el gasto anual de la sanidad en Cataluña se eleva a cerca de un billón de las antiguas pesetas "mientras que los ingresos quedan muy por debajo de esto, quizás en cien mil millones menos, y de alguna forma se tiene que pagar". Preguntado sobre si el gravamen será suficiente para asumir el gasto sanitario, el jefe del ejecutivo catalán ha asegurado que "será suficiente en la medida en que hayan también otras fuentes de financiación que vayan viniendo y que vendrán".
Mientras, el portavoz de CiU en el Parlamentp catalán, Felip Puig, atribuyó la decisión de la Generalitat a su "incapacidad" para mejorar el sistema de financiación. Puig dijo que "ya anunciamos que irán subiendo la presión fiscal ante la incapacidad" del gobierno catalán y de los partidos que lo forman para mejorar el sistema de financiación. "No vamos bien", afirmó Puig, para quien "ya pagamos suficientes impuestos" y no se trata de llevar a cabo una "subida indiscriminada".
El presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Transportistas de Cataluña, Evaristo Magaña, no ha tardado en reaccionar y ha anunciado que el sector convocará movilizaciones para protestar contra la decisión de recargar la gasolina y el gasóleo. En declaraciones a EFE, Magaña ha dicho que las movilizaciones se concretarán en una reunión que los miembros de la coordinadora, que representa al 60% de los pequeños transportistas de Cataluña, mantendrán la semana que viene.
Para Magaña, la actual subida del crudo, la disminución en el volumen del trabajo en los últimos meses y el anuncio de este recargo están haciendo "muy difícil" el trabajo de los transportistas, y ha señalado que "no puede ser" que siempre que se necesite financiar algo se aplique un impuesto sobre el carburante. La media de consumo de un transporte pesado es de unos 3.500 litros de carburante al mes y la de los vehículos más pequeños de unos 1.500, con lo que este medida "nos afecta mucho más que a cualquier ciudadano", ha dicho.
Magaña se ha mostrado "sorprendido" por esta decisión del Gobierno catalán, ya que durante la pasada campaña electoral los transportistas se reunieron con representantes de PSC, CiU, ERC, ICV y PP y "todos" se comprometieron a no subir este tramo autonómico del impuesto.