Cataluña lanza su plan de austeridad para ahorrar 1.600 millones de euros

El ejecutivo catalán se ha reunido esta mañana con carácter extraordinario para aprobar el decreto ley, que deberá publicarse el lunes, para que ya el martes 1 de junio entren en vigor las medidas allí recogidas.

Tal y como estaba previsto, el paquete de medidas incluye un recorte de un 5% de media de las retribuciones salariales de los funcionarios de la Generalidad, con porcentajes del 8% al 15% para altos cargos, en la línea de lo aplicado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Pese a que ayer ICV exigía incluir una cláusula para permitir que los funcionarios recuperen en 2013 el poder adquisitivo perdido, hoy Antoni Castells, consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat, ha replicado que las medidas adoptadas deben "consolidarse" en el futuro para ser creíbles. Por lo tanto no habrá, según Castells, una recuperación automática del poder adquisitivo perdido sino que el aumento salarial dependerá de cómo evolucione la economía.

En el caso de las sociedades mercantiles de titularidad pública, se aplica una reducción del 2,86% de la parte proporcional del gasto de personal. El decreto ley también prevé una reducción de los conciertos sanitarios del 3,21% que afectará a los centros concertados, tanto los semipúblicos como los privados, así como una rebaja del 5% dirigida a las retribuciones del personal de escuelas concertadas, además de un 1,18% de reducción de los conciertos de centros que prestan servicios sociales.

Aparte de los recortes salariales y en los conciertos sanitarios y educativos, el decreto ley contempla una subida de tres impuestos: el de transmisiones patrimoniales pasa del 7% al 8%, el de actos jurídicos documentados se eleva del 1% al 1,2%, mientras que el impuesto de matriculación sube al 16% para los vehículos más contaminantes como los todoterrenos.

Además de las medidas contenidas en el decreto ley aprobado hoy, la Generalitat piensa impulsar en su reunión del próximo martes otras iniciativas en la línea de mayor austeridad y reducción del gasto, como la ralentización de algunas inversiones y del despliegue de determinados servicios de sanidad, educación y servicios sociales, así como una simplificación de las entidades del sector público. A todo ello se añadirá antes de julio una reforma del IRPF para incrementar los impuestos a los ciudadanos con las rentas más altas.

A la salida de la reunión del Govern, el consejero de Economía, Antoni Castells, ha reconocido que se trata de un "plan exigente", que "pide sacrificios al conjunto de los ciudadanos", sobre todo a quienes disfrutan de un trabajo fijo como los funcionarios, pero que estos esfuerzos "valdrán la pena" porque deben permitir a la larga reflotar la economía y volver a la senda del crecimiento.

Sin estos recortes, ha alertado, a Cataluña le esperaría "una larga etapa de estancamiento, en la que cada vez seremos más pobres".

El presupuesto para 2010 preveía un déficit público del 3,25%, un total de 6.370 millones de euros, y la obligación es reducirlo al 1.1% en 2013, hasta que quede en unos 2.000 millones de euros.

Con las medidas previstas por el ejecutivo catalán para reducir gastos e incrementar algunos impuestos, Castells estima que el ahorro en lo que queda de año se situará entre 1.600 y 1.700 millones de euros, lo que dejará el déficit en 4.700 millones euros, un 2,4% del PIB.

Castells no ha descartado que, para cumplir este "exigente" objetivo de recorte del déficit, en el futuro hagan falta nuevas medidas adicionales, aunque ello dependerá del crecimiento que experimente la economía.