La patronal española ha enviado este jueves al Gobierno un documento bajo el título Políticas para recuperar la confianza en la economía española, en el que recoge las medidas que estima necesarias para recortar el déficit público y potenciar el crecimiento económico.
La patronal empresarial reconoce que el Gobierno ha dado unos primeros pasos en la buena dirección para reducir la brecha fiscal, pero resultan "insuficientes para abordar el fuerte déficit estructural que tiene el sector público español". Por ello, entiende que para recuperar la "confianza perdida, debemos conseguir la reducción del gasto público y aumentar su eficacia, especialmente a través de la reducción del número de empleados públicos".
Reducción de funcionarios
El desbordamiento de la partida de gastos de personal se ha producido esencialmente en los últimos diez años y ha sido más intenso en las CCAA y ayuntamientos. Según CEOE, "una propuesta óptima de reducción del gasto de personal público debería poner énfasis en la reducción del personal menos productivo y discriminar el recorte de las remuneraciones igualmente según la productividad".
Además, para seguir manteniendo un alto nivel de prestación de servicios públicos es "imprescindible una participación creciente del sector privado" mediante la ampliación de los "convenios concesionales".
CEOE entiende que el margen para intensificar la colaboración público/privada en la prestación de servicios públicos es particularmente amplio en el caso de los entes locales y las CCAA, entre otras áreas, en el "ámbito de tratamientos y suministro de aguas, de desechos, transporte urbano e interurbano, por carreteras y ferrocarril, así como en el de la gestión y explotación de centros sanitarios y otros servicios públicos".
Subir el precio del AVE
Al mismo tiempo, señala que "los precios por los servicios públicos deben ir reflejando su coste". Los casos más llamativos son el transporte público urbano por carretera o ferrocarril y el transporte ferroviario por el territorio nacional, tanto de mercancías como de pasajeros. CEOE considera que el proceso de consolidación fiscal debería inevitablemente incluir un "ajuste al alza del precio pagado por estos servicios, especialmente de los billetes de los trenes de alta velocidad" para reducir con ello el déficit presupuestario de las distintas Administraciones Públicas.
Privatizar empresas públicas
Asimismo, debe "reorganizarse nuestro sistema administrativo y reducir el peso del sector público empresarial, especialmente en las Comunidades Autónomas". La patronal pone como ejemplo las televisiones públicas, fuertemente endeudadas, y que generan elevados déficits. La CEOE propone que estos entes sean privatizados.
Aboga también por eliminar "un gran número de entidades públicas que duplican la actividad de otras Administraciones" como, por ejemplo, las "Oficinas de Promoción Comercial y Turística en el Exterior, que no hacen sino duplicar con menor eficacia la labor de las Oficinas Comerciales".
No subir los impuestos
Pero sobre todo, CEOE considera que es "precisa una reorientación del gasto público, concentrándose en el gasto corriente y evitar subidas de los impuestos directos, en especial de los impuestos sobre el ahorro". Estima que la crisis fiscal no va a encontrar su salida en la subida de impuestos. Bien al contrario, "la subida de tipos sólo servirá para frenar el crecimiento. Es más, en materia de imposición sobre el ahorro, la situación actual exige una reducción sustancial de la imposición".
La patronal advierte de que la sociedad española debe decidir cuáles son las "actuaciones fundamentales que deben realizar las Administraciones y reducir o abandonar aquellas que son secundarias".
Así, CEOE indica que "parece poco sensato que la partida de ayuda al desarrollo sea equivalente a los presupuestos de justicia y seguridad ciudadana del Estado. Así pues, la decisión gubernamental de recortar estos fondos está plenamente justificada, si bien el ajuste debe intensificarse".
Reducir administraciones
Pero va más allá al señalar que en España existe un "exceso de Administraciones: Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos Insulares y Cabildos, Comunidades Autónomas, Administración General del Estado y Unión Europea. Es decir, 5 y a veces 6 niveles administrativos".
Por último, demanda una regulación que favorezca las actividades económicas. "La simplificación administrativa es una parte sustancial de la regulación por la reducción de costes a las empresas y a los contribuyentes que le acompañan, así como la necesidad de una coordinación de las políticas de las Administraciones Públicas".