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Noticia publicada el 28-09-2007
LD (Agencias) Tras las numerosas críticas recibidas por las primeras medidas anunciadas recientemente para mejorar el acceso de los jóvenes a la Vivienda, el Consejo de Ministros ha aprobado nuevas medidas destinadas a los arrendatarios, con el objetivo de incentivar la salida al mercado de más viviendas el alquiler.
Según ha anunciado la ministra, Carme Chacón, para consensuar este plan han trabajado conjuntamente varios ministerios y entre las medidas previstas se incluyen fórmulas que permitan agilizar el proceso de desahucio por impago del alquiler. Además de incluir mayores garantías en materia de daños y desperfectos, impagos y desahucios para los propietarios que alquilen, también se revisará la fiscalidad para los promotores que hagan vivienda en alquiler y la regulación del sector de la intermediación.
Diez juzgados especializados en desahucios
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado la creación de diez juzgados especializados en desahucios de viviendas que estarán ubicados en las ciudades que absorben la mayor parte del mercado del alquiler de vivienda en España.
En la actualidad, un arrendador puede acudir a los tribunales en cuanto su inquilino deje de pagar la renta de un mes, pero conseguir una sentencia de desahucio puede demorarse entre 6 y 12 meses, dependiendo del tamaño de la ciudad, más otros 3 meses para que esa sentencia se ejecute.
Además, también ha anunciado que el Gobierno "flexibilizará" las condiciones que tienen que cumplir los propietarios para obtener las ayudas de 6.000 euros a fondo perdido, establecidas en el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 para quienes saquen sus pisos al mercado del alquiler.
Se trata de unas propuestas, prácticamente calcadas, de los anuncios y propuestas que ha lanzado el PP desde que prepara su convención sobre vivienda. Algunas de estas medidas, han sido propuestas por los populares durante los tres últimos años de oposición.
El Gobierno ha estudiado el plan completo, del que sólo se conocía la parte destinada a dinamizar la demanda, pero que también incluye una serie de iniciativas para impulsar la oferta de vivienda en alquiler y de cuyo contenido sólo se ha dado luz verde a los estatutos de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIS). Las novedades, presentadas en rueda de prensa por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la ministra de Vivienda, Carme Chacón, incluyen la propuesta del Ministerio de Justicia de crear diez juzgados que se podrían especializar en desahucios en las ciudades donde haya una mayor saturación.
Además se han tomado en consideración otras medidas que podrían acortar los plazos de un procedimiento que, según los expertos, puede demorarse entre 12 y 18 meses. Entre ellas, la posibilidad de acudir a un juicio rápido para la reclamación de deudas, la agilización de las notificaciones a las partes, la limitación del plazo para que el inquilino solicite asistencia legal gratuita o la reducción a 15 días del periodo para ejercer la enervación (plazo para que el inquilino pague su deuda y pueda paralizar el desahucio).
Todas ellas son medidas destinadas a incrementar la seguridad de los propietarios, pero con las que "no se trata de reducir ni los derechos ni las garantías de los inquilinos, sino facilitar las acciones judiciales cuando éstos no cumplen sus obligaciones", según puntualizó la vicepresidenta. Unas medidas que el PP ya ha denunciado, son un “plagio” del programa de vivienda del PP.
El plan prevé también la eliminación de algunas de las condiciones para acceder a las subvenciones de 6.000 euros previstas en el Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2005-2005 para los propietarios que alquilen sus pisos vacíos, de tal forma que no se limite la superficie máxima del inmueble y se aumente a más del doble el precio máximo que se puede cobrar por el arrendamiento.
Entre las medidas presentadas al Consejo de Ministros está también la propuesta de aplicación del IVA superreducido del 4 por ciento a las viviendas de nueva construcción destinadas al alquiler de renta básica a 25 años. Al mismo tiempo se prevé modificar el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, de manera que las sociedades y fondos de inversión inmobiliarios que inviertan en viviendas protegidas de alquiler podrán beneficiarse de un impuesto de sociedades del 1 por ciento y disponer de una capacidad de endeudamiento del 80 por ciento (frente al 50 por actual).
El plan incluye dos iniciativas de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), que extenderá su actividad a la gestión de viviendas de los grandes operadores (fondos inmobiliarios, sociedades de arrendamiento y cooperativas) y que creará un nuevo servicio llamado "Alquiler seguro", que incluye los seguros multirriesgo de impago y de asistencia jurídica.
Además se han tomado en consideración otras medidas que podrían acortar los plazos de un procedimiento que, según los expertos, puede demorarse entre 12 y 18 meses. Entre ellas, la posibilidad de acudir a un juicio rápido para la reclamación de deudas, la agilización de las notificaciones a las partes, la limitación del plazo para que el inquilino solicite asistencia legal gratuita o la reducción a 15 días del periodo para ejercer la enervación (plazo para que el inquilino pague su deuda y pueda paralizar el desahucio).
Todas ellas son medidas destinadas a incrementar la seguridad de los propietarios, pero con las que "no se trata de reducir ni los derechos ni las garantías de los inquilinos, sino facilitar las acciones judiciales cuando éstos no cumplen sus obligaciones", según puntualizó la vicepresidenta. Unas medidas que el PP ya ha denunciado, son un “plagio” del programa de vivienda del PP.
El plan prevé también la eliminación de algunas de las condiciones para acceder a las subvenciones de 6.000 euros previstas en el Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2005-2005 para los propietarios que alquilen sus pisos vacíos, de tal forma que no se limite la superficie máxima del inmueble y se aumente a más del doble el precio máximo que se puede cobrar por el arrendamiento.
Entre las medidas presentadas al Consejo de Ministros está también la propuesta de aplicación del IVA superreducido del 4 por ciento a las viviendas de nueva construcción destinadas al alquiler de renta básica a 25 años. Al mismo tiempo se prevé modificar el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, de manera que las sociedades y fondos de inversión inmobiliarios que inviertan en viviendas protegidas de alquiler podrán beneficiarse de un impuesto de sociedades del 1 por ciento y disponer de una capacidad de endeudamiento del 80 por ciento (frente al 50 por actual).
El plan incluye dos iniciativas de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), que extenderá su actividad a la gestión de viviendas de los grandes operadores (fondos inmobiliarios, sociedades de arrendamiento y cooperativas) y que creará un nuevo servicio llamado "Alquiler seguro", que incluye los seguros multirriesgo de impago y de asistencia jurídica.
