La nueva ocurrencia de Chávez en Aló Presidente puede ser un vergonzoso acto despótico, pero es una medida legal. El mandatario ya se ocupó el pasado Noviembre de tejer una legislación que le permitiera expropiar cualquier propiedad privada a su antojo, como ya adelantó Libertad Digital.
Y es que, bajo la excusa del interés social, el Gobierno venezolano puede actuar exactamente tal y como ha hecho: ha señalado un edificio de su gusto, y ha vociferado: ¡Exprópiese!. Tan sencillo como eso.
Esta vez, el acto de fuerza se ha producido en el la Plaza de Bolívar en Caracas, enclave privilegiado de la capital. La Gaceta Oficial de Venezuela decretaba en su número 39.272 que todos los edificios, calles, casas privadas, hospitales públicos y privados, centros comerciales, iglesias, etc., pasan a ser "bien de interés cultural" y, por tanto, el Estado podría adjudicárselos en cualquier momento, sin más explicación.
Exactamente esa es la expropiación indiscriminada que se ha producido este domingo, televisado en directo para todo el mundo. En "prime-time" Chávez dio cuenta de sus caprichos, jaleado por sus seguidores autodenominados, irónicamente "custodios del Libertador".
Chávez impartía lecciones de historia socialista y revolucionaria, mientras paseaba con su comitiva hasta que topó con una propiedad de la que alguien dijo que había vivido Bolívar en su juventud. El mandatario preguntó al alcalde de Caracas en qué se ocupaba ahora la casa, y cuando éste le contestó que pertenecía a negocios privados, Chávez decretó: "¡Exprópiese!".
Y así, al grito de ordeno y mando, continuó con hasta tres edificios más de la plaza. "Exprópiese", "Exprópiese", "Exprópiese".
Lo grave no es la ocurrencia o el espectáculo puntual. Lo realmente preocupante es que Chávez cuenta con impunidad legal absoluta para hacer y deshacer a su antojo con las propiedades de los venezolanos. El único requisito necesario es que se le antoje cualquier edificio, ú objeto. La "Ley de Propiedad Social" faculta al Gobierno chavista a "declarar la utilidad pública y el interés social de bienes, materiales e infraestructuras que se determinen susceptibles de ser declarados de propiedad social, para asegurar la producción socialista".
Además, la excusa del "interés social" también afecta a las empresas privadas, que pueden ser expropiadas "si su actividad productiva no se corresponda con los intereses nacionales" acabando así en en manos del Estado.