Arrasar con la propiedad privada es el sueño dorado de cualquier gobierno dictatorial de corte socialista que se precie, y Hugo Chávez no podía ser menos. Los alcaldes y gobernadores ya recibieron públicamente una clara directriz en 2006: "La propiedad privada tiene que estar sujeta al interés social", les dijo el presidente venezolano. "Yo respeto al sector privado, pero debe subordinarse a los planes estratégicos de la Nación y de la Revolución, si no, no nos sirven", apostilló.
Tres años después de esta sentencia se puede acusar a Chávez de todo, menos de no cumplir con su palabra. En 2007 ya trató de darle una formulación legal a las expropaciones indiscriminadas, y lo incluyó en el proyecto Constitucional, donde se establecía que el Estado podría expropiar cualquier propiedad privada al amparo del "beneficio general". Pero los venezolanos tumbaron las pretensiones comunistas de Chávez, y el proyecto constitucional no fue aprobado en referéndum.
Pero el presidente venezolano no tiró la toalla, y ha ido introduciendo el contenido de la reforma constitucional fallida en varios decretos ley que ha aprobado por la puerta de atrás, y que silenciosamente avanzaban hacia la aniquilación de la propiedad privada y la instauración de un régimen comunista.
El presidente de Fedecámaras, José Manuel González, ya alertó en 2008 de la aprobación de un paquete legislativo de más de 26 leyes, en las que se aprobaba la "confiscación de la propiedad privada" y otros aspectos, expresamente rechazadas en el referendo constitucional.
Como recogía el Diario de América, durante el verano de 2009, se ha dado el paso definitivo que permitirá a Chávez expropiar cualquier terreno o propiedad. Así,la "Ley de Propiedad Social" faculta al Gobierno chavista a "declarar la utilidad pública y el interés social de bienes, materiales e infraestructuras que se determinen susceptibles de ser declarados de propiedad social, para asegurar la producción socialista".
Por si fuera poco, los venezolanos no sólo tendrán que aguantar las expropiaciones bajo la excusa del "interés social" de sus casas, tierras u objetos personales, sino que además toda empresa "cuya actividad productiva no se corresponda con los intereses nacionales" también podrá acabar en manos del Estado.
El BOE venezolano, la Gaceta Oficial, decretaba en su número 39.272 del 25 de septiembre de 2009 que todos los edificios, calles, casas privadas, hospitales públicos y privados, centros comerciales, iglesias, etc., pasan a ser "bien de interés cultural" y, por tanto, el Estado podría adjudicárselos en cualquier momento, sin más explicación.
En total, la nueva ley suma más de veinte folios en los que se detalla, sistemáticamente, todas y cada una de las calles y edificios del municipio Libertador del Distrito Capital de Caracas, sin excepción. La periodista Martha Colmenares desvela que se trata de una zona de apartamentos y casitas humildes, donde la mayoría de las edificaciones están construidas a mano por las propias familias, que han mendigado a la autoridad de turno que les regale planchas de zinc o cemento para levantarlos.
A partir de ahora, estas familias ya no son técnicamente los propietarios de sus casas.. Además, para poder vender, donar o heredar cualquier bien deberán ser autorizados por el Instituto del Patrimonio Cultural, con criterios desconocidos.
En resumen, el Gobierno dictatorial de Hugo Chávez tiene ya las manos libres para adjudicarse empresas, edificios, fábricas o bienes personales, bajo la burda excusa del "bien social". Y eso, para un país al borde de la bancarrota, como ya adelantó LD, es una auténtica declaración de saqueo indiscriminado a sus ciudadanos.