(Libertad Digital) La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha emitido el esperado informe sobre el anteproyecto de Ley de Ordenación del Comercio Minorista.

La conclusión del organismo es calara: muestra su rechazo al establecimiento de licencias comerciales para las grandes superficies y se opone a las lagunas que permiten a las comunidades autónomas adoptar “decisiones inapropiadas” sobre esta materia.

En su informe el organismo presidido por Luis Berenguer concluye que es preferible la supresión de plano de dicho régimen en la normativa, en beneficio de la seguridad jurídica, de la eficiencia de los mercados y de los consumidores.

En este sentido, la CNC considera que la fundamentación para permitir el establecimiento de licencias comerciales para determinados establecimientos no resulta "admisible" ni en base a su necesidad, ya que existen suficientes instrumentos regulatorios para la protección de dichos intereses generales, ni con arreglo a su proporcionalidad, ya que el daño a la libertad de empresa que se opera mediante un régimen de licencia comercial específica no se compensa con el beneficio que pudiera derivarse de la protección de otros intereses generales.

Según señala el texto, la opción escogida puede implicar que un número "no despreciable" de comunidades autónomas opte por el establecimiento de estos regímenes de autorización, utilizando razones "inapropiadas" para justificar la existencia de la autorización, o incluso introduciendo "soslayadamente" criterios de valoración económica en el propio ámbito de aplicación.

"Ello se deduce de la experiencia de lo sucedido con la actual Ley de ordenación del comercio minorista, en la que la exigencia de la licencia para los grandes establecimientos comerciales llegó a extenderse a las pequeñas tiendas de confección e, incluso, a los establecimientos mayoristas como los cash & carry", señala la CNC.

Asimismo, considera que las previsiones del anteproyecto de Ley podrían tener un alcance "muy limitado" en relación con la modificación de la situación actual y resultar "insuficientes" a la hora de eliminar el principal riesgo que ha fundamentado la crítica de la CNC hacia el sistema de segundas licencias comerciales: el potencial cierre del mercado a los operadores interesados en la instalación de nuevos establecimientos comerciales, en particular grandes establecimientos.

Así, la nueva formulación “deja a la determinación de las distintas legislaciones autonómicas, en términos absolutos, la posibilidad de instaurar este tipo de regímenes de autorización y sus detalles, sin hacer mención explícita al carácter excepcional de esta posibilidad y sin acotar en todo lo necesario las posibilidades normativas de los legisladores autonómicos a la hora de establecer regímenes o requisitos restrictivos de la competencia”

La CNC, ha reforzado sus críticas ya vertidas en el informe del pasado 6 de abril en que se reclamaba que se eliminara "de plano la obligación de obtener licencia específica para abrir una superficie comercial", un permiso que dan las comunidades autónomas y que se resisten a perder.

La reforma que propone el Gobierno establece que las aperturas sólo pueden bloquearse por las autonomías por "razones imperiosas de interés general". Cita tres: defensa del medio ambiente, entorno urbano y la conservación del patrimonio histórico. Estos requisitos suponen un avance a la hora de limitar el poder autonómico, pero sin llegar a la liberalización total.

Para Anged, la patronal de las grandes superficies, no existe justificación para tramitar de forma independiente la Ley de Comercio de la llamada Ley Omnibus que adapta la Directiva de Servicios de la UE. En ella se han incluido otros sectores económicos, pero sin justificación aparente, se ha dejado al margen el comercio.