El proceso de desmantelamiento, que se deberá extender durante varios años, superará unos doscientos millones de euros, según explicaron a ABC fuentes de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa). El organismo ya advirtió, como apuntó LD, de las dificultades para abordar a un tiempo el desmantelamiento de Garoña y de Zorita, cerrada por el Gobierno de Aznar.

Desmantelar Zorita costará 180 millones de euros. Para Garoña hay que estimar un presupuesto superior, de 200 millones, porque, según explica el diario, la central es mayor y su tecnología es más compleja. A ello hay que sumar el coste en empleos y, además, el impacto que tendrá en las empresas que la gestionaban, Iberdrola y Endesa, integradas en Nuclenor. Ambas eléctricas podrían ver menguado su beneficio bruto de explotación en 43 millones anuales entre 2014 y 2019, es decir, 258 millones de euros, según indica ABC.

El diario advierte que los costes los tendrán, pues, que asumir las eléctricas, algo que terminará viéndose reflejado en la factura de la luz. Pero la solución podría ser otra: tras el anuncio de Nuclenor de que acudirán a los tribunales ante la arbitraria decisión del Gobierno, el Estado, y por tanto el contribuyente, podría terminar siendo el encargado de pagar el cierre.

De nada de eso habla el Gobierno en la orden sobre el cierre de Garoña que publica este sábado el BOE. Sí hay, en cambio, duras advertencias a Nuclenor. La autorización de la prórroga de Garoña podrá dejarse sin efecto, dice, si la central nuclear incumpliera los límites y condiciones exigidas por el Gobierno, entre ellas la seguridad, y Nuclenor también podrá decidir el cese de la actividad, aunque lo tendrá que comunicar con al menos un año de antelación.

En la orden ministerial se establece, además, el plazo para la presentación de recursos: de reposición en el plazo de un mes o bien un contencioso administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de su publicación en el BOE.

Según la orden, la autorización de prórroga podrá "dejarse sin efecto en cualquier momento" si se incumplen los límites y condiciones exigidos y si se comprueba que ha habido "inexactitudes" en los datos aportados por Nuclenor para ampliar la concesión. Además, si existen "factores desfavorables" desde el punto de vista de seguridad nuclear y protección radiológica.

Por su parte, Nuclenor, propietaria de la planta, podrá decidir cesar la explotación de la central antes de lo anunciado, salvo causas imprevistas o una resolución del Ministerio de Industria, pero deberá comunicarlo a la dirección general de Política Energética y Minas y al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un año antes.

No obstante, "el titular de la explotación no podrá realizar modificaciones y propuestas de actuación que impidan o dificulten el cese definitivo de la explotación en la fecha establecida".

En esta orden, el Ministerio de Industria señala que, previo informe del CSN, establecerá las condiciones a las que se deberá ajustar las actividades a realizar en la central hasta la obtención de la autorización de desmantelamiento, un proceso que, según el Gobierno, generará "más residuos radiactivos" que otras centrales.

Respecto a los residuos, la orden recuerda "la conveniencia" de compatibilizar las previsiones para poner en marcha un almacén temporal centralizado que almacene estos residuos, un requisito que el Gobierno entiende previo al proceso de desmantelamiento. En cuanto al "riesgo nuclear", Industria obliga a Nuclenor a suscribir una póliza con "una compañía de seguros autorizada".

En la orden también se hace referencia a los informes que la central deberá entregar en el primer trimestre y primer semestre de cada año natural sobre la gestión de la vida útil de la central nuclear y sobre diferentes aspectos técnicos, entre ellos la seguridad. Industria alega que los componentes y estructuras de Garoña fueron diseñados para una "hipótesis de vida" de 40 años –obviando que plantas de su misma generación han recibido la autorización para funcionar durante más años y el propio aval del CSN– y que la planta supone alrededor del 1,3 por ciento de la producción total nacional de electricidad, por lo que su cese en 2013 "no tiene repercusiones sobre las garantías del suministro".

La generación eléctrica de la central puede ser sustituida, según el Gobierno, por "medidas adicionales de ahorro energético y tecnologías renovables que no incrementarán las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera".