La Junta de Andalucía ha decidido solicitar su personación en el proceso judicial abierto después de que la empresa Delphi haya presentado una solicitud concursal para el procedimiento de apertura de acreedores. En conferencia de prensa tras las reunión semanal del Consejo de Gobierno, el titular de la Presidencia, Gaspar Zarrías, ha informado del proceso de suspensión de pagos iniciado por Delphi en un juzgado de lo Mercantil de Cádiz.
El consejero ha justificado la decisión de la Junta de personarse para poder hacer "un marcaje más directo" a la empresa y para poder "defender mejor a los trabajadores". "Ante cualquier movimiento o maniobra procesal o financiera, la Junta va a estar ahí, haciendo un marcaje implacable para que se cumpla, punto por punto, la legalidad laboral", advirtió Zarrías. La Junta no descarta, además, la posibilidad de promover la iniciativa penal si hubiera base para ello y, de hecho, los servicios jurídicos están estudiando si hay algún supuesto contemplado en el Código Penal para poder utilizar esta vía.
No obstante, ha recalcado que la administración andaluza quiere ser "meticulosa" porque "lo que está en juego es muy importante", al tiempo que sigue realizando "numerosas gestiones" para conseguir el objetivo de evitar el cierre de la factoría de Delphi y encontrar alternativas "viables" a esta crisis. Zarrías ha hecho un llamamiento a la "unidad de acción" tanto política como sindical, convencido de que es el "mejor servicio" que se le puede prestar a los trabajadores y sus familias, tras lo que subrayó que "tenemos que remar todos en la misma dirección".
En este sentido, ha mostrado su preocupación "por quienes intentan políticamente pescar en río revuelto". "Cuidado con los que están intentando sacar rédito de la zozobra", ha señalado el consejero en referencia al PP, del que dijo que está ya dando por cerrada la factoría, por lo que ha pedido a sus dirigentes que "echen un poco el freno y no dé argumentos a Delphi". Aseguró que "cuando haya motivos para la desunión, lo asumiremos, pero hoy por hoy no tiene sentido y, aunque la solución no es fácil, de peores hemos salido", según la agencia Efe.
Según el representante de los trabajadores, a partir de hoy se abre un compás de espera "de entre cinco y ocho días para que el juez decida si tramita o no la solicitud de la multinacional estadounidense, y en caso de que sea admitida, la empresa contará con un plazo de entre treinta y cuarenta días para decidir qué hacer". Aunque lo esperaban, los trabajadores han recibido hoy un "nuevo mazazo", por ello, Pina abogó por "buscar luz al final del túnel por parte de quién corresponda, ya que cada vez estamos más convencidos de que la solución nos la tienen que dar las administraciones".
Sobre los motivos que la multinacional argumenta para ser declarada en concurso bajo la Ley de Insolvencia española, (deterioro patrimonial e imposibilidad de iniciar conversaciones para hablar de cierre de la factoría), Antonio Pina recordó que la primera que no quiso negociar sobre este último asunto "fue la Administración, y fue lo correcto, porque para ello tendrían que haber presentado algo parecido a un plan social y no han cumplido la ley".
Así las cosas, los trabajadores seguirán con el calendario de movilizaciones acordado el pasado lunes por el comité de empresa, que irán anunciando paulatinamente según las vayan llevando a cabo, y aseguran que mientras haya materia prima "seguiremos trabajando, aunque sabemos que es muy complicado porque nos estamos viendo que llegará el día en que no haya dinero para pagar y se quedará todo parado". Si llega ese momento, "nos encerraremos en los interiores de las instalaciones de la factoría para que la maquinaria y las instalaciones no sean robadas ni dañadas, mientras otro turno se concentrará en el exterior", añadió Pina.