El Ejecutivo ha vuelto a prometer medidas económicas que no puede cumplir sin el consentimiento de las comunidades autónomas. La descentralización y la transferencia de competencias ha restado casi todo el poder de maniobra al Estado en los últimos años y, como consecuencia, el Gobierno debe pedir permiso a los responsables regionales para la mayoría de las políticas.
Y el mercado laboral es uno de los afectados por este proceso. El propio ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, admite sin tapujos que "el único que no tiene competencias de trabajo en España es el ministro de Trabajo", lo que queda constatado en el nuevo borrador que ha presentado el Gobierno a la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT para cerrar el denominado "acuerdo para el diálogo social", un eufemismo que se utiliza para nombrar el pacto por el cual estas tres organizaciones deciden el futuro de las 18 millones de personas que trabajan en España.
El texto, que establece la posibilidad de prorrogar la ayuda de 420 euros a los parados que no cobran ningún tipo de subsidio hasta un año (frente a la propuesta inicial de 6 meses), explica en su última página que el Gobierno no tiene competencias para crear esta prestación.
"El Gobierno y los interlocutores sociales son conscientes de que buena parte de las medidas comprometidas en este acuerdo afectan a competencias reconocidas a las comunidades autónomas, tanto desde la Constitución como de los estatutos", señala el borrador, que, además, recuerda que el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos "consideran que es imprescindible la implicación de las mismas para la consecución de los objetivos del acuerdo".
De hecho, el programa de ayudas "está vinculado a la participación efectiva de un itinerario activo de inserción que incorpore formación para el empleo, que gestionarán las comunidades autónomas, y que irá dirigido a aumentar las oportunidades de acceso al empleo de todos los beneficiarios". Será financiado con adelantos del Fondo Social Europeo.
Según el documento, "todos los desempleados que agoten un periodo previo de prestaciones por desempleo, tanto de carácter contributivo como -en el caso de haberle correspondido- de subsidio asistencial, y se encuentren en situación económica de necesidad (e independientemente de cualquier otra característica personal) serán beneficiarios de esta protección".
La situación de necesidad de los beneficiarios se justificará por la correspondiente prueba de rentas familiares (75% del SMI), es decir, unos 470 euros.
Y eso no es todo, el Gobierno ha decidido incluir en este texto para el "diálogo social", las líneas maestras de la nueva "economía sostenible" que abandera el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero e incluye alguna de las promesas realizadas en el pasado Debate sobre el estado de la Nación, como la rebaja fiscal a las pymes que no despidan empleados.
Otra de las medidas que necesitan el apoyo de las comunidades autónomas es la que establece la necesidad de promover las políticas de rehabilitación de viviendas, que tienen como objetivo reanimar el empleo en la construcción, así como las reformas necesarias en el sistema educativo o el relanzamiento de los centros de formación profesional.
Finalmente, el texto también plantea una reforma de la normativa de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), medidas para luchar contra el absentismo laboral, el aumento de los "orientadores profesionales" y un compromiso para separar las fuentes de financiación de la Seguridad Social.