Los biocombustibles, una de las grandes apuestas del Gobierno dentro de su amplio programa de promoción de energías renovables y, por lo general, insostenibles económicamente, no terminan de arrancar en España. La multimillonaria inversión que se ha hecho en el último lustro para dotar al país de una red de plantas de biodiesel y bioetanol ha terminado chocando con la realidad. Y eso a pesar de una legislación especialmente benigna para este tipo de carburantes que, aunque no emiten CO2, son tanto o más contaminantes que los de origen fósil en todo su ciclo de producción.
Según datos ofrecidos por la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), un 75% de las 46 plantas de producción de biodiesel que hay en España están paradas. Estas plantas, repartidas por toda la geografía nacional, son en su mayoría de nueva creación, levantadas al abrigo de los incentivos legales que ha disfrutado este tipo de combustible en los últimos años.
Sólo en 2009 se incorporaron a la red diez plantas más, y en lo que va de año se ha inaugurado una más en la comarca pacense de Tierra de Barros. Pues bien, el ratio medio de funcionamiento de todas ellas ronda el 10% de su capacidad total, que es de unos cuatro millones de toneladas de biodiesel al año.
Para rematar el panorama el consumo de biodiesel durante el último trimestre ha descendido un 2,2% con respecto al trimestre anterior. En todo el año 2009 el mercado nacional consumió un millón de toneladas de biodiesel, es decir, una cuarta parte de lo que es capaz de producir el sector produciendo las plantas a pleno rendimiento.
El consumo es pequeño, sólo el 4,2% de cuota en el mercado del diesel, y la producción también. Pero este del consumo no es ni de lejos el problema principal del sector. Los productores españoles tienen dos enemigos: los biocombustibles extranjeros, más competitivos que los nacionales, y la poca disposición de la industria del automóvil a modificar los motores para que admitan mayores porcentajes de mezcla de diesel con biodiesel.
A la competencia norteamericana ya le puso coto la Unión Europea el año pasado con un severo arancel que frenó en seco las importaciones. Este año el coco del sector de los biocombustibles también está en América, pero en la del sur. El 60% del biodiesel que se consume en España viene de fuera, la mayor parte –el 61%– de Argentina. El biodiesel argentino hecho a base de soja goza de un trato preferencial en las aduanas comunitarias y entra a raudales en el mercado europeo, cuya demanda está tremendamente distorsionada por la intervención estatal, que fija una obligación global de biocarburantes, es decir, una tasa de mezcla con combustibles de origen fósil que este año es del 5,83%.
La mezcla actual es de poco más de un 4% y los obligados a realizarla son las distribuidoras de combustibles derivados del petróleo. Por de pronto, las petroleras ya se han llevado de propina una multa de 130 millones de euros por no hacer la mezcla que marca la ley. La Asociación de Operadores Petróliferos (AOP), temiéndose lo peor el año próximo en el que la mezcla fijada debe de ser del 10%, ha pedido que no se suba más la tasa porque los motores actuales no admiten más cantidad de biodiesel.
Los fabricantes de Automóviles se defienden. La ACEA, asociación europea que reúne a toda la industria de la automoción, ya ha reaccionado asegurando que la mezcla por sí sola no conseguirá el límite que la UE ha fijado para el uso de energías renovables en el transporte y que subir la mezcla ocasionaría un serio problema.
Nadie, en definitiva, parece estar a gusto en uno de los mercados más intervenidos e hiperlegislados que existen. Por algo será.