El Banco Central Europeo (BCE) y los bancos centrales de los países de la zona euro, así como sus homólogos de Suecia y Suiza han pactado una reducción del 20% en sus ventas de oro durante los próximos cinco años, hasta un máximo de 2.000 toneladas.

En concreto, los firmantes del pacto se comprometieron a no superar el límite de venta de 400 toneladas de oro al año, lo que representa 100 toneladas anuales menos que en el anterior acuerdo de cinco años, que finaliza el próximo 26 de septiembre y al cual sustituirá desde el 27 de septiembre el pacto anunciado este viernes.

El nuevo acuerdo no incorpora nuevos participantes, aunque señala la posibilidad de "acomodar" a los topes anunciados al Fondo Monetario Internacional (FMI), puesto que la institución internacional anunció el pasado mes de julio su intención de vender hasta 403 toneladas de oro para aumentar sus recursos.

"Los firmantes reconocen la intención del FMI de vender 403 toneladas de oro y hacen notar que tales ventas pueden ser acomodadas en el techo establecido", explicó el BCE en un comunicado, en el que destacó que "el oro se mantiene como un elemento importante de las reservas monetarias globales", informa Europa Press.

Los bancos centrales europeos suscribieron en 1999 un primer pacto para llevar a cabo una venta ordenada de sus reservas de oro. La cotización del metal precioso ha experimentado desde el inicio de las turbulencias financieras en 2007 una volatilidad extrema que llevó, incluso, a elevar su precio momentáneamente por encima de los 1.000 dólares por onza, aunque actualmente cotiza en torno a los 960 dólares por onza.

La reducción de ventas pactada entre los bancos centrales europeos marca un cambio drástico en la estrategia seguida hasta el momento, consistente en desprenderse de forma progresiva de sus reservas de metal amarillo. La venta de reservas de oro seguida por el Banco de España ha arrojado un balance negativo.

Así, entre 2005 y principios de 2008, el Banco de España se desprendió de casi la mitad de sus reservas de oro, bajo la excusa de que dicho metal "ya no es un activo rentable", según aseguraba entonces el ex ministro de Economía, Pedro Solbes. Como resultado, la decisión del Gobierno arrojó unas pérdidas para España próximas a los 1.500 millones de euros, tal y como desveló Libertad Digital.