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El Banco de España sitúa en posición de alto riesgo a ocho entidades

El Banco de España tira la piedra y esconde la mano. Advierte de que hay ocho entidades financieras cuya situación es preocupante, y señala que dos de ellas se enfrentan a graves riesgos por su elevada exposición al ladrillo. Pero no dice cuáles son.

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El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernandez Ordóñez. | ARCHIVO

A nadie se le escapa que corren malos tiempos para el sector financiero español, especialmente en el negocio de las cajas de ahorros. La elevada exposición al crédito inmobiliario de las entidades (alimentada durante la época de bonanza con los bajos tipos de interés) creó una bomba de relojería, cuyo estallido se pretende ahora controlar mediante avales públicos y fusiones, realizadas con poca o nula transparencia.

El Banco de España, a pesar de ser el organismo responsable de vigilar los riesgos de las entidades, miró hacia otro lado durante mucho tiempo. Sólo tras las elecciones del pasado año se observó un cambio de discurso de su gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, advirtiendo sobre los problemas del sector financiero nacional.

En contra de lo ocurrido en EEUU y en Europa, donde los bancos sufrieron el estallido de las hipotecas "subprime", en España la crisis será de morosidad. Hipotecas concedidas a personas con todas las garantías resultan impagadas como consecuencia de la sangría laboral y ello, junto con las malas decisiones tomadas por los gestores políticos de las cajas de ahorros y la depreciación de las viviendas, anticipa unos meses difíciles para el sector.

El Banco de España expone estos temores en su último Informe sobre Estabilidad Financiera, de noviembre. Aunque no los hace extensibles a todo el sector. El organismo considera que bancos y cajas, en su conjunto, pueden soportar hasta un 40% de caída de los precios inmobiliarios, pero no todo el monte es orégano. Según el estudio, existen ocho entidades que tienen serios problemas, y dos de ellas presentan una situación grave. El supervisor no especifica cuáles son.

El informe señala que "el incremento de la morosidad viene determinado en buena parte por la exposición a los sectores de actividad que tradicionalmente se han mostrado más arriesgados". Es el caso de la construcción y la promoción inmobiliaria, "que presenta un perfil cíclico muy acusado", es decir, que crece más que el PIB en etapas de bonanza y cae más en épocas de vacas flacas, como la actual.

Este tipo de empresas, tienen una tasa de morosidad del 8,2%, según el Banco de España con datos de junio de 2009, un porcentaje significativamente mayor que la media del sector privado residente (4,5%). El resto de empresas no financieras, sin embargo, refleja una tasa de impagos mucho menor, del 3,3%.

Por tanto, "existe una relación positiva entre el grado de exposición a las empresas de construcción y promoción inmobiliaria y el ratio de morosidad total. Esto es, las entidades que asumieron mayores exposiciones en la fase alcista del ciclo a este sector registran ahora mayores ratios de morosidad total", indica el estudio.

No obstante, más allá de las diferentes exposiciones sectoriales, los distintos niveles de morosidad entre entidades son reflejo de sus capacidades en materia de selección y gestión del riesgo. "Esto se refleja en el elevado grado de dispersión entre entidades en lo relativo a su ratio de morosidad, que, no obstante, es inferior a la registrada en 1993. Es más, dicha dispersión se percibe tanto en general como para las entidades más expuestas al sector de construcción y promoción inmobiliaria", explica el documento.

Con todo ello, el Banco de España incluye un gráfico revelador, en el que se observa que 8 entidades presentan graves problemas, debido a su elavada exposición al sector del ladrillo. Incluso en dos de ellas el peso del sector inmobiliario roza el 45% de sus carteras.

Además, de estas ocho entidades en riesgo, tres presentan ya una tasa de morosidad superior al 7%, y una exposición al ladrillo de entre el 35% y el 45%. Ante esta situación, no es de extrañar que la patronal bancaria insistiera el jueves en la necesidad de dejar quebrar de las entidades financieras insolventes (en referencia a las cajas de ahorro), pues "lo importante es el conjunto y no las piezas que lo integran".

El FROB "acelerará su actividad"

Otra de las cosas que destacan en el informe es el convencimiento de que el rescate de entidades financieras diseñado por el Gobierno (el FROB) se va aplicar con rapidez en los próximos meses. De momento, Bruselas ha paralizado la medida por considerar que puede atentar contra el Tratado de la UE. La Comisión ha dicho a España que estudiará cada rescate "caso por caso" y, de hecho, pone en duda el propio rescate público de Caja Castilla-La Mancha (CCM).

Aunque el Banco de España no se da por aludido. En el citado Informe de Estabilidad Financiera señala que "en conclusión, en unas circunstancias tan complejas como las actuales, que vienen determinadas por una crisis económica intensa, a la que, en España, se añade el ajuste del sector inmobiliario, el análisis del impacto de la morosidad sobre el sistema bancario español no puede ser simplista".

Acto seguido augura que "las dificultades a las que se enfrenta el sector bancario español hacen pensar que el FROB acelerará su actividad en los próximos meses".

El Estado ha avalado casi 40.000 millones

Finalmente, el estudio admite que los contribuyentes españoles han financiado casi 40.000 millones de euros a las entidades financieras a fecha 15 de septiembre, a través de avales del Estado a la deuda emitida por bancos y cajas de ahorros.

El Banco de España asegura que "el mercado de deuda se está abriendo progresivamente para las entidades de mayor tamaño (en 2009, varias entidades españolas han podido emitir deuda sin el aval del Estado por un importe de 12.600 millones de euros.

"Las dificultades de acceso al mercado todavía se reflejan en el importe de las emisiones con aval del Estado, que, desde febrero de 2009, cuando se produjo la primera, hasta mediados de septiembre, ha sido de 39.000 millones de euros, distribuido con diferente intensidad entre 39 entidades", concluye el informe.

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