L D (Europa Press) En total, son 600 los empleos que genera directamente esta planta y 400 los que genera a su alrededor. Junto a esto, el impacto económico y social directo de la instalación en su área de influencia, en términos de compras, contrataciones, impuestos, tasas y generación de empleo, ronda los 30 millones. De hecho, entre 1999 y 2008 fue de 295 millones, de los que 36 millones correspondieron al año pasado.

Este viernes vence el plazo para que se conozca el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la viabilidad de la planta, y a partir de ese momento el Gobierno dispondrá de un mes, hasta el 5 de julio, para decidir si cierra la instalación o renueva su licencia de explotación.

Desde las empresas del sector, la decisión sobre Garoña se percibe como un indicio de lo que podrá ocurrir con el resto de centrales del país, cuyas renovaciones de licencia, salvo la de Trillo, deben producirse entre 2010 y 2011.

Según sus cálculos, el cierre de las nucleares no sólo encarecerá un 10 por ciento la tarifa eléctrica, sino que comprometerá los 30.000 empleos generados por las centrales y cerca de 200 millones de euros anuales de inversión. Además, echará a perder los avances tecnológicos realizados en las plantas.

La industria eléctrica aboga además por un 'mix' de generación en el que participen de forma equilibrada todas las tecnologías, desde las renovables hasta la nuclear, que aporta cerca del 18 por ciento de la energía producida.

Inversiones previstas

La sociedad Nuclenor, en la que participan Endesa e Iberdrola al 50 por ciento, ha invertido 150 millones de euros en la modernización de la planta de Garoña, 19,7 millones de euros el año pasado, y prevé dedicar otros 50 millones en el periodo 2008-2011.

Esta planta lleva funcionando desde 1971  y cuenta con 466 megavatios (MW), lo que le convierte en la central con menos potencia de las ocho del país, en las que se generan en total 7.713 MW.

La producción de la planta burgalesa en 2008 se situó en 4.021 millones de kilovatrios hora (kW/h), suficientes para responder a las necesidades energéticas anuales de unas 250.000 familias y para dar cobertura al 28% de la demanda de Castilla y León.

Decisión del Gobierno

El Ministerio de Industria tendrá a partir de la publicación del informe del CSN un mes para decidir si prorroga o no durante otros diez años la licencia de explotación solicitada por Nuclenor.

En el caso de que el CSN emitiera dictámenes desfavorables a la autorización de renovación de explotación, la decisión es vinculante y el Ejecutivo tendría que cerrar. En el caso de que el organismo regulador emitiera un dictamen favorable a su renovación, será el Gobierno el que tenga la última palabra.

Como elementos que juegan a favor de la renovación, figuran las 14 inspecciones con resultado positivo realizadas el año pasado por el CSN y un informe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) en el que se alude a la planta como "un buen ejemplo para todas las que quieran mejorar".