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"Preveo que tendremos un plan que pueda ser aprobado por la Cámara Baja y el Senado, y ser firmado por el presidente y que traiga un sentimiento de certidumbre a esta crisis", afirmó el senador republicano Robert Bennett.
El mismo optimismo manifestó el presidente del Comité de la Banca del Senado, el demócrata Christopher Dodd. "Tengo confianza de que podemos actuar con rapidez" para ratificar el programa, dijo.
Ambos legisladores se encerraron este jueves en el Capitolio por más de tres horas junto con sus colegas de los comités con atribuciones financieras de ambas cámaras para poner por escrito un consenso que se ha ido formando en los últimos días.
Ahora la pelota está en el campo de la Casa Blanca, que deberá decidir si acepta los principios adelantados por los legisladores y así garantizarse una aprobación sin tardanza de la ayuda.
El senador republicano Bob Corker predijo que el Congreso aprobará el proyecto de ley "antes de que abran los mercados el lunes".
El programa prevé el uso de 700.000 millones de dólares, que se obtendrán con emisiones de deuda pública, para la compra de títulos de mala calidad a los bancos, principalmente vinculados a hipotecas, y así puedan sanear sus balances y volver a prestar dinero.
Sin embargo, tal acuerdo choca con la aspiración del secretario de Tesoro de EEUU, Henry Paulson, que se mostró contrario a establecer límites o condiciones en la aplicación del plan.
Además, las ventas de casas nuevas bajaron a su nivel más bajo en 17 años. Bush alertó el miércoles en un discurso en horario de máxima audiencia de que si el Congreso no actuaba se corría el peligro de un "pánico financiero".
Al mismo tiempo, los legisladores han sentido la ira de los contribuyentes, muchos de los cuales no entienden por qué ellos tienen que salvar a los mismos bancos (sólo un 7% aprueba el plan) que han ocasionado la crisis por su mala gestión del riesgo.
Así, la reacción de los votantes ha convencido a los legisladores a exigir a la administración cambios importantes respecto al plan original, que daba potestad casi ilimitada al secretario del Tesoro para usar los 700.000 millones de dólares como considerara oportuno, además de inmununidad judicial.
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