Tras la crisis financiera que se desató en el verano del 2007 y se agudizó después de la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008, los gobiernos de todo el mundo han tratado de eludir su responsabilidad pasándosela a los agentes del sistema financiero. Era fácil encontrar un culpable (los bancos, los agentes de bolsa o los hedge funds) y de esta manera se desviaba la atención que debían recibir las agencias gubernamentales y los bancos centrales, instituciones públicas en las que se gestó el terremoto.
El último paso en esa dirección lo ha dado este viernes el Congreso de EEUU, al aprobar la reforma financiera que presentó Barack Obama y con la que pretenden controlar a Wall Street y a un sistema bancario al que se responsabiliza de la crisis. El problema es que, tratando de controlar a unas compañías financieras que cometieron excesos, se puede acabar restringiendo el libre mercado e imponiendo un sobrecoste al último y más débil eslabón de la cadena, los consumidores.
Porque casi ninguno de las respuestas ataca las verdaderas causas (el exceso de crédito generado por los bancos centrales) y se centra en nuevos reguladores, nuevas agencias y otras leyes. Es decir, presupone que esta nueva ley resolverá los problemas que no atajó la anterior (aunque muchos economistas piensan que precisamente el problema es la regulación) y que ahora los bancos no encontrarán herramientas para escapar de la tutela del Estado, algo que la historia ha contradicho en numerosas ocasiones.
Estos son los aspectos clave de la reforma, aunque todavía no se conoce su letra pequeña:
Más protección del consumidor: Éste ha sido uno de los grandes lemas del equipo de Obama durante toda su tramitación. Para conseguirlo crea una nueva Agencia Federal que, en teoría, tendría que reforzar las reglas bajo las cuales puede un ciudadano contratar con su banco.
El problema es que ya había agencias que cuidaban del cliente bancario (siete en total) por lo que no está claro por qué esta nueva creación resolverá los problemas. Es decir, el Estado dice que no había regulación cuando sí la había, y muy profusa. Además, todos los analistas coinciden en que las exigencias a los bancos subirán sus costes y estos repercutirán los mismos en sus clientes. The New York Times habla del fin de las cuentas corrientes gratuitas.
Más regulación: La segunda pata de la nueva normativa descansa en una extensión de la regulación del sector financiero. Es evidente que, hasta ahora, éste era el sector más regulado de la economía: cualquiera que haya abierto una cuenta corriente, vendido acciones o pedido una hipoteca es consciente de la cantidad de papeleo y formalidades que son de obligado cumplimiento. Sin embargo, desde el Gobierno de EEUU se ha vendido el relato de que lo que falta es más regulación que meta en cintura a los grandes brokers.
Para lograrlo, se controlarán las ventas de derivados (contratos de futuros, opciones, titulización de activos, etc…) utilizados para reducir la exposición a determinados riesgos; al mismo tiempo se establecen medidas de obligado cumplimiento para las compañías cotizadas que, en teoría, redundarán en mayor control por parte de los accionistas minoritarios. Sin embargo, la experiencia demuestra que más regulación supone mayores costes (de nuevo que acabarán pagando los consumidores) y menos flexibilidad y eficiencia para que las empresas escojan el producto que mejor se adapta a sus necesidades.
Más control: Uno de los objetivos claros de todo el proceso era poner a los gigantes de Wall Street bajo el control del Gobierno. Durante los años de gestación de la crisis, estas grandes compañías actuaron con el beneplácito, la ayuda e, incluso, la colaboración de los gobiernos de todos los países del mundo. De hecho, los planes de rescate, que muchos analistas han criticado, suponen un nuevo ejemplo de connivencia entre poder político y empresarial muy alejado del libre mercado.
Lo aprobado este viernes en EEUU supondrá que la Reserva Federal (Fed) y la SEC (el organismo regulador de la Bolsa de Nueva York) tendrán el poder para controlar “los riesgos sistémicos” y para liquidar compañías en dificultades sin incurrir en costes para los contribuyentes. El problema es que este poder sobre las grandes compañías creará una serie de peligrosos incentivos tanto para la parte pública como para la privada. Hasta que punto el Gobierno o sus organismos podrán dictar órdenes a las empresas sobre las que poseen estos mecanismos es algo que no aclara la nueva regulación.
Restricción a las operaciones bancarias: Es la parte de la reforma que podría tener menos consecuencias negativas. La llamada Regla Volcker obligará a las entidades financieras a mantener un mayor porcentaje de reservas, restringirá sus operaciones especulativas y obligará a que mantengan en sus balances una parte de los préstamos de alto riesgo (especialmente se centra en las hipotecas de alto riesgo o subprime).
A falta de ver la formulación exacta de estas normas, estos límites ayudarían a limitar los préstamos sin respaldo que se habían popularizado en las últimas décadas. En este sentido, la normativa va en la buena dirección porque limitaría la libre disposición que hacen los bancos de los fondos depositados por sus clientes en cuentas a la vista.