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EL 60% DEL PIB A FINAL DE AÑO

El derroche de Zapatero anticipa otra rebaja de la deuda española

El derroche de gasto público del Gobierno español anticipa una nueva rebaja de la calidad de la deuda soberana que -junto con las emisiones de las comunidades autónomas- se acercará al 60% del PIB en un año. Los costes por intereses se van a triplicar en 2009. El déficit no sale gratis.

La financiación de España pende de un hilo.

LD (Lorenzo Ramírez) El Tesoro Público español está inundando el mercado de bonos, letras y obligaciones, es decir, de deuda necesaria para financiar el agujero de las arcas públicas. Según el presidente del Gobierno, el país tiene margen para aumentar su endeudamiento público porque el peso de esta variable respecto al PIB fue del 39,5% al cierre de 2008 contando a todas las Administraciones Públicas, lejos del límite del 60% que establece la Unión Europea.

Pero este enfoque gubernamental es incorrecto, tal como sabía el ex vicepresidente económico, Pedro Solbes, lo que provocó un enfrentamiento con José Luis Rodríguez Zapatero que finalmente le costó el puesto.

Solbes tenía razón: los datos publicados este miércoles por el Tesoro y los análisis de la agencia de calificación Standard & Poor´s anticipan un enorme aumento de la deuda española como consecuencia del enorme programa de gasto público lanzado en 2008, y todo ello sin contar el paquete de propuestas lanzadas por el presidente en el Debate sobre el estado de la Nación.

El escenario que pinta el Tesoro es desolador. En 2008 las emisiones netas de deuda se dispararon hasta los 51.300 millones de euros, frente a una previsión inicial de cerca de 30.000 millones. La causa, según admite el departamento que dirige Soledad Núñez, se encuentra en “las necesidades de financiación asociadas a las medidas de política económica emprendidas por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la crisis”.

Aunque Soledad Núñez “no sea buena con los números”, utilizando las palabras que ella misma empleó cuando los periodistas le preguntaron sobre el coste que suponía el fondo de 50.000 millones para la compra de activos a los bancos, sus técnicos saben de lo que hablan y en la última memoria del Tesoro muestran un negro panorama para 2009.

Este año las emisiones netas de deuda (necesidades financieras) crecerán hasta los 86.500 millones de euros (el 8,6% del PIB), lo que supone un incremento del 68,6% respecto a las cifras del pasado año. El saldo de deuda total se situará en los 447.000 millones de euros, es decir, el 44,7% del PIB.

Pero esta cifra va a ser mayor, ya que el Tesoro realiza sus cálculos basándose en las previsiones económicas del Gobierno (publicadas el pasado enero) que auguran una caída del PIB de sólo el 1,6%, una tasa que Bruselas y el FMI amplían hasta el 3% y que los datos trimestrales del Banco de España amplían al 7% si se anualiza la caída del 1,8% del primer trimestre.

Con una caída de la economía del 3%, el peso de la deuda pública sobre el PIB sería del 45,3%, mientras que con una caída cercana al 7% la tasa sería del 48%. Todo ello, insistimos, sin contar con las nuevas medidas propuestas por Zapatero.

La deuda del Estado es sólo una parte del total, como recuerda en un reciente informe Standard Poor´s, ya que las comunidades autónomas y ayuntamientos también están inundando de papel los mercados. Según la agencia el nuevo endeudamiento en esta rúbrica autonómica y local se situará en los 27.000 millones de euros, el 74% más que en 2008. Una parte de esta deuda corresponderá a préstamos bancarios, pero el gran volumen se financiará emitiendo deuda.

Si a este volumen de emisiones se suman los 5.000 millones del segundo plan E, los nuevos 20.000 millones del ICO, las ayudas a los automóviles y aerolíneas y, sobre todo, el fondo que prepara el Gobierno para rescatar cajas de ahorros, la deuda de las Administraciones Públicas rozará el 60% del PIB al cierre de este año, el límite establecido por Bruselas.

El FMI va más allá y asegura que la tasa se situará en el 80% en 2010, tal como avanzó LD. Aquí no se contabilizan los 8.000 millones de la nueva financiación autonómica.

En este escenario, las agencias rebajarán la calidad del papel español y el Tesoro deberá pagar más por las emisiones por el mayor riesgo de impago a aquellos inversores que quieran arriesgarse a comprar deuda española. En el seno de la UE ya se debate abiertamente sobre la posibilidad de que haya que rescatar a España ante la amenaza de suspender pagos.

El Tesoro conoce estos riesgos, aunque no los admita en público y, por ello, se están dando prisa en apurar el calendario de emisiones. Fuentes del Fisco admiten que  “es muy probable que en los próximos meses se encarezca la financiación, por tanto, es el momento de coger buenos precios y por ello se adelanta el calendario”. La avalancha de papel del Estado es de tal magnitud que en unos meses ha salido al mercado a financiarse por una cantidad similar a la que utilizaba anteriormente para todo el año.

Y la pelea por colocar emisiones es en todo el planeta, según ha recordado el jefe de Política Monetaria del Banco de España, Javier Maycas. “Hay una mayor competencia entre deudas públicas, la situación financiera de los gobiernos ha cambiado y en todas partes se ve un cambio de tendencia, pero dicha competencia también se produce respecto a los mercados privados, algunos de los cuales se han secado pudiendo favorecer a la deuda pública”.

La consecuencia, según el Banco de España, es que “el Tesoro tendrá que afrontar un volumen de amortizaciones este año que casi triplica las cantidades de 2008”, las mayores corresponderán a las emisiones a corto plazo.

En realidad, lo que se está produciendo es un fenómeno conocido como “crowding out”: el sector público desplaza al privado y las empresas que quieran emitir deuda deben pagar una mayor rentabilidad por competir con las emisiones soberanas. Lo mismo se está produciendo en el mercado crediticio, tal como avanzó LD.

Esta lucha sin cuartel por colocar papel se está produciendo desde hace un año y medio. Una dinámica que en la literatura económica suele conocerse como "scramble for liquidity" o lucha por lograr la liquidez. Ante las necesidades presentes y la perspectiva futura de carencia de caja, los diversos inversores han tratado de cambiar sus activos menos líquidos por otros más líquidos. El problema es que esos activos líquidos son progresivamente más escasos, tal y como ilustra la pirámide invertida de John Exter:

En el caso español, la rentabilidad de la deuda (es decir, lo que debe el Tesoro pagar a los inversores para venderla) se ha disparado en 2008, con un diferencial en el conjunto del año en sus emisiones a diez años respecto al bono alemán (que sirve de referencia) de 81 puntos básicos, frente a los 15 puntos de 2007.

Precisamente, el blog Random Spaniard hace referencia a esta cuestión y recuerda que el déficit público rondará el 8% del PIB al cierre de este año, un agujero que, no obstante, es menor al 10% con el que prevén acabar 2008 Reino Unido o EEUU, cuyo déficit superará el 13% del PIB en el presente ejercicio fiscal. Eso sí, estos dos países tienen un respaldo mayor de los inversores que en el caso español.

Lo que más asusta de todo esto es que vamos a convertirnos en rehenes de los mercados de bonos. ¿Qué pasa si los inversores empiezan a reclamar más intereses para comprar deuda soberana? Si el problema de España es la falta de ahorro y el exceso de deuda, lo que proponen ahora los gobiernos es más deuda para apagar el incendio.

Random Spaniard usa un curioso ejemplo para ilustrar esta tendencia del que se pueden sacar algunas conclusiones: el de un país africano pequeño con un PIB de 5.000 millones de euros (el de España roza el billón). Se trata de Malawi, un Estado que entró en crisis fiscal y se recuperó. Los paralelismos, como veremos, son evidentes.

Como muestra el gráfico siguiente, Malawi incurrió en enormes déficits durante cinco años consecutivos (de 2000 a 2004), con una necesidad de financiación que superaba el 20% del gasto público. Los resultados fueron dramáticos. El saldo de la deuda y los intereses subieron hasta llegar al punto de que el 28% de todo el gasto doméstico iba destinado a financiar el coste de las emisiones.

¿Cómo Malawi salió de esta espiral de deuda y ruina? Desde 2004, el Gobierno adoptó una política de estabilidad presupuestaria con el apoyo del FMI. Cinco años después, el coste de la deuda bajó hasta el 10% de su gasto doméstico y el FMI espera que se sitúe en el 9% al cierre de 2009. Pero el coste político ha sido enorme, hasta el punto de que en las próximas elecciones del 19 de mayo se espera que el presidente salga derrotado.

La lección es clara: aunque reducir la deuda y restablecer el equilibrio presupuestario sea muy bueno para cualquier economía a medio plazo (con el permiso de los keynesianos), a corto plazo es difícil que la población acepte los ajustes derivados de este proceso. Por eso el Gobierno español sigue prometiendo más gasto público, más déficit y, en último término, más deuda.

Si la economía española no se recupera en dos años -y ningún pronóstico oficial hace pensar lo contrario-, los ciudadanos y las empresas deberán pagar la factura, bien con subidas de impuestos, bien con recortes de prestaciones. Todo ello, sin mencionar la desconfianza que generará el país de cara a la inversión internacional. Sin reformas de calado el sistema es insostenible, tal como ha recordado recientemente el Banco de España.

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