Las contradicciones en materia de tabaco comienzan por el objetivo de este tipo de medidas. La justificación de la implantación de las leyes antitabaco se sostiene sobre un propósito desincentivador del consumo y sobre la teórica defensa de la salud.
La realidad, sin embargo, es que el tabaco en España es el producto que sufre una mayor carga impositiva, y que los ingresos recaudatorios que genera para las arcas públicas, a costa de los fumadores, siguen aumentando cada vez más gracias a las nuevas subidas fislcales, la ampliación de los puntos de venta y la subida de precios.
No obstante, la última subida de impuestos sobre las labores del tabaco ha repercutido en que la cajetilla cueste a día de hoy un 24% más. La finalidad de este incremento no es, pues, desincentivar el consumo como hace creer el Ejecutivo sino "contrarrestar la pérdida de ingresos [fiscales]", tal y como admitió la propia ministra de Economía, Elena Salgado.
Más recaudación
El Gobierno tiene un objetivo claro con este nuevo aumento fiscal: recaudar 780 millones más al año con los impuestos que pagan los fumadores para reducir así la deuda y el déficit del Estado. Es muy probable que cumpla sus objetivos de recaudación, debido a que el tabaco es un bien con una demanda poco sensible (inelástica) a las variaciones en su precio porque es un producto que genera adicción.
Pero si los fumadores dejasen de fumar, el plan recaudatorio de Salgado se vería truncado. De hecho, supondría un duro golpe fiscal para el Estado. Y es que, la venta de tabaco genera cada año unos pingües ingresos. Éste es, por tanto, el primer punto destacado sobre las incongruencias de la nueva Ley Antitabaco.
Los impuestos derivados de su producción y venta suponen aproximadamente el 5% de los ingresos no financieros del Estado. Las arcas públicas ingresaron la friolera de 9.446,7 millones de euros en 2009, un nuevo récord histórico.
Si comparamos la aportación de los fumadores a las arcas del Estado con el resto de los principales impuestos con los que se financia el sector público las cifras demuestran que su contribución el imprescindible para el sostenimiento del sistema. Los fumadores aportan una cantidad similar al 25% del Impuesto de Sociedades y alrededor de un 15% del IRPF.
La utilización del tabaco como herramienta de recaudación está convirtiendo el impuesto sobre las labores del tabaco en uno de los más efectivos del sistema de financiación pública. Tanto es así que desde que Zapatero entró en el Gobierno el precio de la cajetilla de tabaco se ha duplicado debido a las subidas de impuestos que se han producido sistemáticamente cada año.
En la actualidad, la presión fiscal llega hasta el punto de que, después de la última subida de impuestos, el 84% de lo que paga un fumador por la cajetilla lo ingresa el Estado, o lo que es lo mismo, de cada 20 cigarros que contiene un paquete más de 16 se los fuma íntegramente el Estado.
En el tabaco, al contrario que en el resto de los bienes considerados de lujo y en régimen especial (alcohol o hidrocarburos), repercuten dos tipos de gravamen: uno Ad Valorem y otro Específico, que son independientes del tradicional IVA (aplicable a todos los productos) y del Recargo que se aplica sobre el margen de beneficios del estanquero. De los cerca de 9.000 millones y medio de euros recaudados en 2009, 7.718,3 millones correspondieron al Impuesto Especial y el resto, 1.728,4 millones, al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
El Ad Valorem es un porcentaje que se paga sobre el precio de venta al público (es decir, el precio que paga el consumidor final por cada cajetilla) y que, actualmente, se sitúa en el 57% porque no ha sido modificado tras el nuevo aumento fiscal aprobado por el Gobierno. El Específico, sin embargo, es un impuesto fijo que paga el fabricante por cada millar de cigarrillos, y que con la última subida se ha elevado de 10,2 euros a 12,7 euros por mil unidades.
Pero, por si esto no fuese suficiente, el 11 de febrero de 2006, el Ejecutivo intervino de nuevo el sector del tabaco para establecer un nuevo tributo, con el que las grandes tabacaleras se quitaron de en medio a las marcas baratas. Se trata del polémico impuesto mínimo, una tasa fija que cada compañía tendrá que entregar al Gobierno independientemente del precio de la cajetilla y que en 4 años se ha duplicado pasando de los 55 euros a los 116,9 euros por cada mil cigarrillos.
Más puntos de venta y fumadores
Por otro lado, la reforma de la Ley Antitabaco, que prohíbe sin excepciones el fumar en bares, restaurantes, discotecas, parques, colegios, bingos y casinos, se ha convertido en una de las más restrictivas de toda Europa. Sólo Reino Unido, Irlanda y Chipre tienen una ley contra el tabaco tan prohibicionista como la española.
Con este endurecimiento sólo un sector ha salido beneficiado. ¿Quién? Paradójicamente, los dueños de las estaciones de servicio. Después de 5 años sin poder vender tabaco, a partir del pasado 2 de enero todas las gasolineras del territorio nacional pueden vender tabaco si lo desean. De hecho, también podrán hacerlo todos los quioscos y locales destinados a la venta de prensa.
Es decir, el Gobierno amplía los puntos de venta. Una medida que contradice por completo su mensaje de "protección a la salud pública". Además, pese a este tipo de Leyes y reformas restrictivas y prohibicionistas, el número de fumadores no sólo no disminuye sino que desde el 2006 -entrada en vigor de la Ley Antitabaco- hasta diciembre de 2009 el número de fumadores en España aumentó en 300.000 personas. Un grupo perseguido por el Gobierno que no es correspondido con la aportación económica que realiza cada año al sector público y a la financiación del sistema.