José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido un día movido en Noruega. En el Foro de Oslo sobre Crecimiento y Empleo, en el que se ha presentado como presidente del país desarrollado con una tasa de paro más alta, el socialista ha anunciado además cambios en la regulación del sistema de pensiones.

De esta manera, tras las anunciadas reformas del sistema financiero y del mercado laboral, el presidente del Gobierno ratificó su intención de enviar al Parlamento el proyecto de ley de reforma del sistema de las pensiones antes de fin de año, tras recibir el informe de la Comisión del Pacto de Toledo.

No es la primera vez que el Ejecutivo lanza el globo sonda de una nueva regulación del sistema de pensiones, pero la cercanía del plazo dado por Zapatero (quedan menos de cuatro meses para fin de año) parece indicar que se adelantará a lo previsto.
"Si un gobernante sabe, con los datos de que dispone, que dentro de diez o quince años nuestro sistema de pensiones, que es la columna de la cohesión social, puede tener problemas, hay que actuar y vamos a actuar", manifestó el presidente para justificar los cambios, informa Efe.

Eso sí, no quiso dar detalles sobre esta reforma mientras continúe el diálogo parlamentario. Hasta hace poco, de hecho, a cualquiera que se atreviera a cuestionar la sostenibilidad del sistema le caían duros reproches del Gobierno, de sindicatos y de otros partidos políticos. Ahora, sin embargo, no hay problemas en reconocer que en un plazo tan corto como "quince años" la Seguridad Social podría no tener dinero para pagar las prestaciones.

El PSOE buscará el acuerdo del resto de los partidos que forman el Pacto de Toledo, con los consabidos argumentos acerca de la sostenibilidad del sistema, el incremento en las expectativas de vida y la caída en el número de cotizantes en relación al número de jubilados. Es previsible que todos los partidos le apoyen, aunque traten de cargar el coste político de una medida tan impopular en el Gobierno. Pero ninguno de ellos lleva en su programa el cambio a un sistema de capitalización, que permitiría a los españoles (lo que sería especialmente beneficioso para los menos pudientes) cobrar pensiones más altas, a edades más tempranas y acumulando un capital.

Pacto de Toledo: legalizar la rebaja

En realidad, lo que va a hacer el Pacto de Toledo es legalizar la rebaja de las pensiones de todos los españoles. Los actuales pensionistas no sufrirán, afortunadamente, este descenso, puesto que los políticos saben que eso sería muy impopular. Serán los trabajadores en ejercicio, cuando se jubilen, los que soportarán la imprevisión de sus gobernantes. Y lo harán de dos maneras:

1. Con el aumento de la edad de jubilación: se prevé que a partir de 2020-2025, los españoles tengan que trabajar hasta los 67 años para cobrar su pensión máxima. Es decir, los políticos les obligarán a alargar su vida laboral, por no atreverse a tocar un sistema deficitario. Eso sí, esto no se aplicará a estos mismos políticos, que tienen normas aprobadas para jubilarse con la pensión máximas tras unos pocos años en el Congreso, el Senado o las Cámaras Autonómicas.
2. Incremento de los años para calcular la prestación: Ahora mismo, la prestación se calcula con los últimos quince años de vida laboral. El Gobierno quiere ampliarlo a 25 (y dentro de unos años, si el sistema no cambia, se tendrá que subir a 35 ó 40, quién sabe). Evidentemente, la mayoría de los trabajadores ganan sus sueldos más altos en los últimos años de su vida laboral, por lo que ampliar los años de cálculo reducirá sus pensiones. Igualmente, los políticos profesionales no sufrirán esta modificación legislativa.