(Libertad Digital) El PSOE cargará sobre los contribuyentes una serie de medidas con el objetivo declarado de adecuar el pago de determinados impuestos a la capacidad económica real de los ciudadanos.
Una de ellas es la que se refiere al Impuesto de Circulación; si bien antes, el impuesto a pagar se calculaba a través de la "potencia" del vehículo, ahora el Ejecutivo pretende tomar como referencia, como base del tributo, el nivel económico del contribuyente. Es decir, que una familia media pagará por un coche "potente" y de gran cilindrada el mismo impuesto que otra con mayores ingresos que se compre un coche de gama baja, simplemente porque los ingresos de ésta son superiores.
También implica que el Gobierno fiscalizará dos veces a un contribuyente por el mismo concepto: al declarar por el IRPF y al adquirir un bien de consumo, independientemente de las características ese producto.
Por otra parte, los vehículos todoterreno deberán, según el PSOE "actualizar" sus tarifas de impuestos por motivos ecológicos. Además, el Gobierno pretende acabar con los "paraísos de los automóviles", ciudades donde el impuesto de matriculación es muy bajo. Es decir, el Gobierno persigue "expulsar" de estas ciudades a todas la empresas y flotas de coches que se instalan en esos lugares para así reducir su coste fiscal, coartando su libertad y limitando una baza de los municipios para atraer inversiones. El Gobierno quiere que se tome el domicilio del usuario como base del impuesto.
Rodríguez Zapatero también ambiciona modificar el Impuesto del IBI. Pretende delegar en los alcaldes la decisión de elevar o rebajar el cobro de este impuesto. Asimismo, El PSOE quiere actualizar la deducción por familia numerosa; es decir, limitarse a las que realmente la necesiten.
En cuanto al Impuesto sobre Construcciones, el Ejecutivo dará más capacidad a los municipios para que alteren la escala de tipos, ahora el tipo máximo es del 4 por ciento, y la adapten a la realidad de cada inmueble edificado.
Las tasas también serán otro punto que deberá adaptarse a las nuevas medidas del Ejecutivo. Tendrán que cambiar para, según el PSOE, gravar "el deterioro ocasionado al dominio público", cosa que actualmente no autoriza la Ley.