El Ejecutivo quiere hacer propaganda en medio del debate sobre la reforma de las pensiones, que rebajará un 10% de media el importe que reciben los jubilados. Este viernes, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, se jactó de haber aprobado una dotación extraordinaria de 1.740 millones de euros para el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la hucha de las pensiones) generados en 2008.
La Ley obliga al Estado a inyectar el superávit del sistema a este Fondo de Reserva, que ronda los 62.500 millones de euros. Por lo tanto, el Gobierno ha cumplido con su deber. El problema es que tenía que haber inyectado 8.073 millones del superávit de 2008 que, según fuentes del PP consultadas por LD, no se han dotado. De esta forma, más de 6.000 millones de euros quedan en el limbo.
Los propios Presupuestos Generales del Estado no contabilizan la citada aportación de más de 8.000 millones (a los que habría que sumar otros 3.000 millones liberados del sistema por el descenso del IPC). Las fuentes consultadas confirman esta estratagema y señala que "en ningún caso vamos a aprobar un presupuesto que contiene ni más ni menos que la previsión y la autorización encubierta de no hacer efectivo el ingreso de tal cantidad de recursos al Fondo de Reserva".
Además, el Gobierno también incumple la Ley en lo referente a las fuentes de financiación y los complementos a mínimos. Según los PGE, en 2010 la Seguridad Social afrontará un 62% del gasto de estos complementos y el texto indica que la aportación del Estado crecerá en 300 millones de euros, hasta alcanzar los 2.706 millones, y que el Estado con esta cantidad cubre un poco más del 38%.
"Es decir que, y eso no lo dicen en los PGE, la Seguridad Social tendrá que hacer frente a 7.121,9 millones de euros en 2010. Una cantidad sin parangón. No cumplen con el Pacto de Toledo y, aunque no sea una novedad, tampoco cumplen la Ley", afirma el portavoz popular.
De la Vega y la "buena salud" de las pensiones
De la Vega ha afirmado que es una decisión "importante" que "muestra la buena salud de la que goza la llamada hucha de las pensiones", y ha explicado que la nueva dotación será a cargo de los excedentes de 2008.
La decisión se produce en pleno debate sobre la reforma de las pensiones, para la que el Gobierno ha propuesto aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años, desde los 65 actuales, para garantizar la viabilidad del sistema a largo plazo.
De la cuantía total del Fondo de Reserva, más de 50.000 millones de euros corresponden a las distintas dotaciones aprobadas en el Consejo de Ministros con cargo a excedentes presupuestarios realizadas desde el ejercicio 2000 hasta este viernes.
Del resto, 377 millones proceden del exceso de excedentes derivado de la gestión que hacen las mutuas de accidentes de trabajo de la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes, y 10.010 millones de euros son fruto de los rendimientos netos obtenidos hasta la fecha de hoy por la inversión del Fondo en activos financieros públicos.
La hucha de las pensiones: invertida en deuda
De hecho, la práctica totalidad de la 'hucha' de las pensiones está invertida en activos financieros públicos por un importe, a precio de adquisición, de 55.568 millones de euros. En esta cartera, además de los emitidos por el Reino de España (73,30% sobre el total), se incluye también deuda no española de Alemania, Francia y Países Bajos (22,70% sobre el total).
El Gobierno, con el acuerdo de los agentes sociales, decidió aplazar el ingreso del superávit de 2008 de la Seguridad Social en el Fondo de Reserva para disponer de circulante y facilitar de este modo y ante la situación de crisis económica el aplazamiento en el pago de cuotas a las empresas. También se ha adoptado esta medida con el superávit de 2009.
La ley que regula el Fondo de Reserva establece que los excedentes de ingresos que tengan carácter contributivo y que resulten de la liquidación de los presupuestos de la Seguridad Social de cada ejercicio se apliquen "prioritaria y mayoritariamente" a la 'hucha', siempre que las posibilidades económicas y la situación financiera del sistema de la Seguridad Social lo permitan.