LD (L. Ramírez) La sangría que esta sufriendo España en materia laboral parece no tener límites. El pasado abril, cuando las elecciones generales habían vuelto a dar el triunfo al PSOE, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero prometía alcanzar el pleno empleo en esta legislatura y pedía a los ciudadanos que estuvieran “tranquilos” y que “consumieran” porque la situación económica era buena, un farol que ahora ha quedado al descubierto.
La Encuesta de Población Activa (EPA) ha tirado por tierra las previsiones de Moncloa, ya que la tasa de paro se sitúa en estos momentos en el mayor nivel desde el primer trimestre del año 2000, al rozar el 14%. Y la explicación oficial que dan todos los miembros del Gobierno es que hay más parados porque existe más gente que quiere trabajar.
El primero en abrir fuego fue el secretario de Estado de Economía, David Vegara, quien justificó que la EPA arroje un volumen de parados superior a los 3,2 millones de personas por el “fuerte dinamismo de la población activa”, es decir, porque hay más ciudadanos con más de 16 años que quieren trabajar. Vegara dijo que este hecho “amplifica los efectos de la tasa de paro”.
Acto seguido, afirmó que no se alcanzarán tasas de paro cercanas al 19% en España –como afirma la Comisión Europea (CE)- porque hay elementos que apoyan la posibilidad de “un progresivo cambio de tendencia” y que el año que viene “se sienten la bases” para una recuperación del empleo. No explicó cómo.
Pero la más explícita fue la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega quien, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, dijo que el paro aumenta porque el número de personas ocupadas (con empleo) ha crecido en dos millones desde 2004, hasta alcanzar los 19,9 millones de trabajadores.
En esta linea argumental recordó que el número de parados en 2004 era de 2,1 millones de personas, mientras que 2008 ha terminado con 3,2 millones de desempleados, lo que, a su juicio, significa que el número total de parados ha crecido la mitad que los ocupados (en un millón) y que, por tanto, la causa del paro es el aumento de las personas que trabajan. El Gobierno, a su juicio, no tiene responsabilidad alguna.
Lo que no ha recordado De la Vega es que cuando accedieron al Gobierno en 2004 la tendencia era de reducción continuada de la tasa de paro así como de la constante creación de empleo. El problema ahora es que venimos de una tasa de paro del 8% a principios de año y hemos terminado en el 14%. Además, ESADE calcula que el próxima año podemos llegar al 20%, mientras que la Comisión Europea habla del 19%.
Pero, aún teniendo en cuenta esta explicación de la vicepresidenta, cuando se observan las cifras de población activa se constata que el aumento de población en edad de trabajar se debe exclusivamente a la población inmigrante.
Según recuerda la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) en un informe al que ha tenido acceso LD, el ritmo de crecimiento interanual de la población activa del cuarto trimestre (2,95%) sorprende con un crecimiento aún superior al del trimestre anterior (2,88%). Hay 120 mil personas más que en el trimestre anterior que quieren y están disponibles para trabajar, siendo un 79% de ellos, individuos de nacionalidad extranjera.
En el trimestre anterior ya se certificana que no existían evidencias de que el “efecto desánimo” que caracteriza a las épocas de desaceleración se estuviese produciendo, algo que se sigue constatando en el trimestre actual.
“De hecho, el plan de retorno voluntario de trabajadores extranjeros impulsado por el Gobierno no está teniendo ningún efecto significativo, ya que la población activa de nacionalidad extranjera se mantiene a ritmos de crecimientos muy elevados a pesar de las malas perspectivas económicas y laborales”, explica AGETT.
Con los datos de la EPA, por segundo trimestre consecutivo, el mercado laboral español destruye empleo. En el cuatro trimestre se han destruido 620.000 empleos netos respecto al año anterior. Por nacionalidad, los españoles pierden 640.000 empleos, mientras que los trabajadores extranjeros tan sólo pierden 500.
Los jóvenes de entre 16 y 25 años siguen siendo los más perjudicados por esta situación, destruyendo empleo a niveles cada vez más elevados. En concreto, la caída en el cuarto trimestre ha sido del 14%, lo que ha conllevado a la destrucción de 270.000 empleos de jóvenes en un año, la cifra más alta desde el tercer trimestre de 1993. Supone el 44% de la destrucción de empleo interanual.
Pero quizás el mayor problema sea la falta de capacidad del Ejecutivo para frenar esta sangría. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, dice que no tiene margen de actuación, el presidente del Gobierno asegura que las prestaciones por desempleo están garantizadas (así lo establece la Ley) y De la Vega afirma que “no se dejará a nadie a su suerte”, que estamos en “la peor fase de la crisis” y que España se recuperará “poco a poco”.
En este contexto, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, no aporta soluciones y lo único que defiende es que no se llegará a los cuatro millones de parados. No obstante, Corbacho no se ha caracterizado por su capacidad de previsión, ya que el pasado octubre dijo que la crisis financiera internacional “en dos meses debería estar finiquitada”.
Hasta el Banco de España critica la pasividad del Gobierno y le urge a una reforma laboral que ni siquiera contempla el Ejecutivo. Zapatero dice que ese es un tema que deben tratar patronal y sindicatos, quitándose la responsabilidad de la reforma. En las filas de la oposición, el PP tampoco reclama la reforma, ya que es una medida impopular que pasaría factura en las urnas.
Fuera de nuestras fronteras, todos los organismos internacionales reclaman la necesidad de que España flexibilice el mercado laboral, abaratando las contrataciones, reduciendo las cotizaciones sociales y, en definitiva, facilitando la movilidad de los trabajadores para adaptarse a este cambio de ciclo económico. Incluso, el premio Nobel, Paul Krugman, idolatrado en Moncloa, apunta como una solución para España reformas estructurales radicales de calado.
Pero el Gobierno descarta modificar la estructura actual, tal como explicó con su tradicional demagogia De la Vega: “Puedo garantizar que el diálogo social seguirá trabajando para evitar que se adopten medidas que debiliten un ápice la protección de los desempleados o que resquebrajen los pilares del Estado de Bienestar”.
Para paliar el efecto del crecimiento del paro en la opinión pública, el secretario de Estado de Economía, David Vegara ha explicado que estudia aprobar nuevas ayudas para los parados, especialmente para las más de 800.000 familias con todos sus miembros en paro.
Posteriormente De la Vega dijo que el Gobierno “hará un seguimiento” para determinar “si existen situaciones duras y muy afectadas” . “Todo lo que debamos hacer, lo haremos”, añadió la vicepresidenta, tras asegurar que la evolución del desempleo y los problemas que suponen para los ciudadanos “siempre han sido una prioridad” para Ejecutivo.