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El Gobierno español, que tenía de plazo hasta este miércoles para responder a la CE, considera que las condiciones no limitan los derechos y libertades reconocidos en el derecho comunitario.
En la respuesta se insiste, además, en que el hipotético incumplimiento de las condiciones no daría lugar a la revocación de la autorización, un aspecto que preocupa especialmente a la CE. La respuesta de Industria analiza la proporcionalidad de cada una de las condiciones y su adecuación a las necesidades de la seguridad del suministro y a la legislación europea. El pasado 29 de noviembre, el Ejecutivo comunitario dictaminó que las nuevas condiciones fijadas por Industria siguen sin respetar la legislación europea.
Las condiciones establecidas inicialmente por la CNE fueron recurridas ante el Ministerio de Industria por E.On, Endesa, Gas Natural, Iberdrola y una asociación de accionistas minoritarios. En su respuesta a esos recursos, Industria eliminó algunas de las condiciones, entre ellas las que obligaban al grupo alemán a vender una parte de los activos de Endesa.
En la "evaluación preliminar", la CE dice que las nuevas condiciones violan el principio de libre movimiento de capitales y de libertad de establecimiento, y algunas también el de libre movimiento de mercancías. Según Bruselas, los cambios introducidos por Industria "no han modificado -o sólo lo ha hecho ligeramente-" la decisión original de la CNE.
A pesar de esta conclusión, la CE optó por no dar un paso más en el procedimiento de infracción abierto a España por este caso y, en vez de enviarle un "dictamen motivado" (paso previo a la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea), le dio un nuevo plazo, que concluye mañana, para explicar sus argumentos. El Ejecutivo comunitario tiene abierto otro procedimiento de infracción contra España por las nuevas facultades de la CNE.
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