(Libertad Digital) Según explicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el Ejecutivo aportará 1.500 millones de euros de forma directa y otros 2.200 millones en forma de avales. Por su parte, las electricas “destinarán más de 2.000 millones y asumirán el coste del bono social”.
El decreto congela hasta 2012 el recibo de la luz a través de un nuevo bono social del que se podrán beneficiar potencias contratadas inferiores a 3 kilovatios (kW), familias numerosas, perceptores de pensiones mínimas y hogares con todos los miembros en el paro, anunció hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
En total, cinco millones de hogares y "unos diez millones de personas" podrán beneficiarse de esta medida, según De la Vega, cuyo coste asumirán las compañías eléctricas como parte de su acuerdo con el Ministerio de Industria para poner fin al déficit de tarifa.
Este déficit surge de los costes reconocidos de generación de las compañías eléctricas menores a sus ingresos, y ha crecido desde 2000 hasta generar una deuda de 16.000 millones, de los que quedan por pagar 14.000 millones. El volumen de este déficit es prácticamente igual a las subvenciones dadas a las energías renovables.
En virtud del acuerdo con las eléctricas, el Gobierno avalará hasta 10.000 millones de euros del déficit tarifario pendiente de titulizar, y los Presupuestos Generales del Estado (PGE) asumirán los costes de producir electricidad en Canarías, Baleares, Ceuta y Melilla.
En los últimos meses, el Ejecutivo había avanzado la posibilidad de introducir algún tipo de compensación para los consumidores de electricidad con menos recursos, aunque de momento no se ha explicado oficialmente cómo se aplicará.
Otro asunto en el que el Gobierno había estado trabajando es la búsqueda de fórmulas para solucionar el llamado déficit tarifario (que se produce cuando los ingresos del sistema eléctrico no son suficientes para cubrir los costes).
El déficit acumulado ha puesto en una situación complicada a las compañías, que tienen dificultades para colocar en el mercado los derechos de cobro.
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) calcula que el déficit tarifario pendiente de cobro desde 2000 se situará a finales de este año en 10.595 millones de euros. Recientemente, la agencia Fitch advirtió del "impacto negativo" que el déficit está teniendo sobre la fortaleza financiera del sector eléctrico.