"La norma va más allá de las competencias (de Galicia) a la hora de determinar la solvencia y la naturaleza de las entidades de crédito", sostuvo De la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según el Ejecutivo, la ley autonómica "no se ajusta a la ley estatal sobre órganos de representación".

El Gobierno solicitó la semana pasada un dictamen urgente al Consejo de Estado para ver si existen indicios de ilegalidad que aconsejen recurrir dicha ley autonómica ante la existencia de preceptos que colisionan con la Ley de Organos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA).

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ya advirtió la semana pasada que los indicios de inconstitucionalidad detectados en la norma gallega "van mucho más allá de las cuestiones que provocaron el recurso contra la ley de cajas madrileña", que finalmente fue modificada.

El Gobierno explicó entonces que tomaría una decisión al respecto cuando contara con el informe del Consejo de Estado, si bien reconoció que creía en la existencia de indicios de inconstitucionalidad. El aviso de Salgado se produjo días después de que el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, advirtiera de que no sería la primera vez que el Gobierno central recurriese una Ley de cajas autonómica.

La ley de Cajas Gallega entró en vigor la primera semana de enero como marco para afrontar la reorganización de su sector financiero que, previsiblemente, se acelere durante el primer semestre del ejercicio, periodo en que está vigente la autorización de Bruselas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).