El Gobierno remite al Parlamento la reforma de la ley de insolvencias

El Consejo de Ministros acordó remitir al Parlamento el proyecto de reforma de la Ley Concursal, que permitirá que la banca pueda imponer acuerdos de refinanciación de deudas y favorecerá la aportación de liquidez a empresas en dificultades con el objetivo de frenar los concursos de acreedores.

El vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicó que la reforma de la Ley Concursal, cuyos principales detalles fueron adelantados en diciembre, es "importante" porque "facilita la viabilidad de las empresas" y busca "aliviar" la carga de trabajo que afrontan los juzgados mercantiles, los que tramitan estos procedimientos.

El Ministerio de Justicia destacó de hecho que la nueva normativa "configura el concurso de acreedores como una segunda oportunidad", ya que mejora las alternativas a estos procesos, como son las refinanciaciones de deuda.

Entre las principales novedades de la reforma de la Ley Concursal destaca que una mayoría de entidades financieras podrá imponer al resto un acuerdo de refinanciación de deuda, con lo que se evitan así las minorías de bloqueo que han llevado a muchas sociedades al concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).

Esa imposición al resto de acreedores, que no podrá contemplar "sacrificios desproporcionados" y deberá ser homologada por un juez, exigirá en cualquier caso el apoyo de acreedores financieros que ostenten el 75% de las deudas bancarias y que un experto certifique la viabilidad de la sociedad.

Según señaló el Ministerio de Justicia en un comunicado, el proyecto de ley también regula por primera vez el llamado "dinero fresco", con el objetivo de que las entidades financieras y los acreedores concedan nueva financiación a las empresas en dificultades en el marco de un acuerdo de refinanciación de deuda.

Así, el 50% de esas aportaciones de liquidez tendrán prioridad en el pago si la sociedad llega a entrar en concurso de acreedores, "lo que supone la mayor garantía para las entidades financieras que concedan nuevos créditos para reflotar las empresas y un elemento más en la evaluación de la concesión de crédito", afirmó Justicia.

Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, la reforma no incluye grandes variaciones respecto al anteproyecto de ley estudiado el pasado mes de diciembre, pese a las recomendaciones que habían hecho los órganos consultivos, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), respecto a la mejora de los concursos de acreedores de particulares.

Respecto a los trabajadores de empresas insolventes, el departamento dirigido por Francisco Caamaño destaca que la reforma de la Ley Concursal garantiza el respeto de los derechos de estos empleado para que la declaración del concurso tenga en este sentido el menor impacto posible.

Con el fin de reducir tiempos y costes del proceso concursal, se prevé que el juez podrá aplicar el procedimiento abreviado cuando crea que el concurso reviste escasa complejidad o cuando el deudor presente una propuesta anticipada de convenio o de plan de pagos, o bien un plan para transmitir la empresa o cesar la actividad sin trabajadores a su cargo.

Además, para descongestionar los juzgados, la nueva Ley permitirá que los administradores concursales (los que supervisan los procesos) puedan rectificar los errores del listado de acreedores sin necesidad de resolución judicial, lo que hasta ahora era una de las principales causas de retraso en los procedimientos.