El Gobierno se gasta 22.000 millones de más e incumple la Ley de Estabilidad

El Estado se ha gastado 22.000 millones de euros de más en lo que va de año y ha dilapidado el superávit de las cuentas públicas en un tiempo récord. La caída de los ingresos fiscales, por el derrumbe de la actividad inmobiliaria y la deducción de 400 euros en el IRPF a los trabajadores, así como el gasto social comprometido en campaña, ha generado un déficit equivalente al 0,89 por ciento del PIB, cuatro veces más que lo que permite la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

LD (Lorenzo Ramírez) “Los superávits acumulados en los últimos años permitirán absorber el impacto que una menor actividad en la economía pudiera tener sobre los ingresos públicos y el aumento de algunos gastos ligados a la protección sin necesidad ni de subir impuestos, ni de imponer recortes sociales”. Así se pronunciaba el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su discurso de investidura el pasado 8 de abril.

Una tesis que se enfrenta con la cruda realidad y que hace dudar sobre la capacidad del Ejecutivo para adoptar medidas que hagan volver a la economía española a la senda del crecimiento: el superávit del Estado logrado al cierre de 2007 de 12.811 millones de euros (equivalente al 1,23 por ciento del PIB) se convierte ahora en un déficit de 9.965 millones de euros. Es decir, que el Gobierno ha dilapidado 22.776 millones de euros en los siete primeros meses del año.

De la "Champions League" al agujero presupuestario

Aunque el vicepresidente económico, Pedro Solbes, haya afirmado recientemente que el déficit presupuestario "no le preocupa", hace unos meses el Gobierno hacía gala del excedente de las cuentas públicas para jactarse de que España estaba en la “Champions League”, utilizando un símil futbolístico de amplio calado en la ciudadanía.

De hecho, Zapatero utilizó el superávit en la campaña electoral para justificar desembolsos en materia social de cara a lograr la reválida y garantizar su estancia en el Palacio de la Moncloa otros cuatro años.

Hoy sabemos que o bien fue una argucia para lograr el apoyo de los ciudadanos, o bien representó una falta de conocimiento sobre la crisis de la economía española. Ambas tesis son criticables desde un punto de vista político, y también económico. Ya que el agujero presupuestario perjudica la capacidad de financiación de la actividad productiva española en el largo plazo.

Incumplimiento de la Ley de Estabilidad

De momento, la Ley de Estabilidad Presupuestaria es papel mojado. El texto permite al Estado entrar en números rojos siempre que el Producto Interior Bruto (PIB) crezca por debajo del 2 por ciento, como sucede en la actualidad, con un repunte del 1,8 por ciento interanual.

El problema es que la norma establece como límite del déficit el 0,2 por ciento del PIB, y las últimas cifras de ejecución presupuestaria conocidas este jueves revelan que el déficit estatal hasta julio representa el 0,89 por ciento del PIB, más de cuatro veces más que lo que exige la norma aprobada por el Gobierno en la pasada legislatura.

A esto se le añade la obligación de que el déficit de las cuentas públicas no supere el 3 por ciento del PIB, según la normativa de la Unión Europea. A este ritmo de crecimiento de los números rojos del Estado podría peligrar, incluso, este techo de déficit. Todo depende de la evolución económica en los próximos años.

Crisis inmobiliaria y promesas electorales

Y las previsiones para el cierre del ejercicio no hacen presagiar un cambio de tendencia. El derrumbe de la actividad inmobiliaria y la reducción del consumo de los hogares ha generado una caída de la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 7,7 por ciento interanual entre enero y junio; mientras que los ingresos por el Impuesto sobre la Renta (IRPF) se han reducido un 0,5 por ciento como consecuencia de la deducción de 400 euros para asalariados con contrato fijo, autónomos y pensionistas.

Hasta cierto punto, estas caídas eran previsibles a tenor de la evolución de ventas de pisos (que en junio volvieron a caer un 30 por ciento), la menor demanda interna respecto al primer semestre del pasado año y las medidas sociales anunciadas antes de las pasadas elecciones generales. Pero es que, incluso, baja la recaudación por el Impuesto de Hidrocarburos –un 3,9 por ciento- debido a las menores compras de combustible como consecuencia del espectacular incremento del precio del petróleo en la primera mitad de 2008.

Muy lejos del objetivo de los PGE para 2009

Con todo ello, parece muy improbable que el Gobierno pueda cumplir con el objetivo de déficit fiscal que se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2009, que contemplan un techo de 3.865 millones de euros en los números rojos estatales, equivalente al 0,34 por ciento del PIB. Para alcanzar esta meta, el Ejecutivo debería lograr más de 6.100 millones extraordinarios de ingresos (ya que el déficit actual es de 9.965 millones) y no aumentar el gasto, algo que Zapatero descarta.

El presidente se ha comprometido a aumentar el gasto público el próximo año. Las cuentas públicas que se aprobarán en otoño contemplan un incremento de esta partida del 4,5 por ciento, por un volumen total de 159.370 millones de euros. La austeridad presupuestaria brilla por su ausencia, aunque desde Moncloa se diga lo contrario.

Otra vía para volver a la senda del superávit sería elevar la presión fiscal (tal como avanzó LD) y las cotizaciones sociales que pagan las empresas, algo poco recomendable si se pretende recuperar la actividad económica, que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UVI) desde el comienzo de este año.

Todos los sectores están en crisis

Y es que no solo la construcción sufre la crisis: la industria no remonta el vuelo, el sector de los servicios vive unas de las peores épocas desde la crisis del 1993 con un el turismo cerrará el periodo estival como uno de los peores veranos de su historia reciente.

A todo ello hay que sumar la escasa capacidad de las economías domésticas para elevar el consumo (la deuda de los hogares supera el 120 por ciento de su renta disponible), en un entorno alcista de tipos de interés, con hipotecas prohibitivas y una inflación desbocada que, según el indicador adelantado del Instituto Nacional e Estadística (INE) cérrará agosto en el 4,9 por ciento, más del doble que el objetivo que establece el Banco Central Europeo (BCE), del 2 por ciento.

Esta elevada inflación generará, además, un aumento de la paga extraordinaria a los pensionistas por la desviación de precios respecto al citado objetivo. Y, por otra parte, el gran pilar que sostiene la demanda interna, el empleo, también está en peligro. La economía española destruye empleo y la tasa de paro llegará al 12,4 por ciento en 2009, según las propias previsiones oficiales

Por si todo ello fuera poco, el pasado 13 de agosto el presidente del Ejecutivo anunció que frenará la crisis con 20.000 millones extra de dinero de todos los españoles, mediante un incremento adicional del gasto público. Es una medida incluida en el paquete de medidas que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, presidida por Zapatero, en detrimento de Solbes, que se pretende implantar en lo que queda de 2008 y 2009.

Y el Fondo de Contingencia no podrá ser utilizado para estos menesteres, ya que el Gobierno se ha gastado ya el 76 por ciento del mismo en los seis primeros meses del año. Dicho Fondo sólo dispone de 710,75 millones para financiar las partidas no previstas en los Presupuestos Generales del Estado de 2008 que puedan surgir en lo que resta de año.

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